Consideramos a servicios públicos a las actividades prestadas por organismos, empresas o entes de administración Estatal o privada que brindan un servicio necesario a la población. Estos servicios pueden manifestarse en forma de flujos o acciones concretas.

De esta forma, tomamos como servicios de flujos a:

1. Energía eléctrica,
2. Gas,
3. Teléfono, telefonía celular e Internet,
4. Agua,
5. Transporte de pasajeros,
6. Dinero y valores.

Y como servicios de acciones a: 

1. Correo postal,
2. Educación,
3. Salud,
4. Obras de infraestructura afectadas a flujos (rutas, vías férreas, ductos, antenas, cables, bancos, cajeros automáticos, terminales varias [puertos, nodos], etc.)

Por otra parte existen emplazados en el territorio servicios con distintos marcos de enlace y cobertura:

1. Nacional. (Ejemplo: algunos sistemas de transporte, el correo y circulación del dinero),
2. Provincial: (Ejemplo: el sistema de salud, educación),
3. Municipal: (Ejemplo: la provisión de agua).

A su vez, la prestación de servicios puede vincular los marcos de enlace y cobertura (Nación – Provincia o Municipio – Nación, etc.) O bien quedar desvinculado del sistema con marcos de enclave locales (sólo municipio).

En la Argentina, la mayoría de los servicios públicos, hasta la década del 1970 funcionaron bajo la órbita de la nación, que a su vez regulaba y centralizaba tarifas, obras y políticas de acción. Posteriormente, algunos servicios fueron descentralizados (Ejemplos: agua y energía eléctrica, con la descentralización de las ex Obras Sanitarias de la Nación y Agua y Energía entre 1970 y 1980) Ya a partir de la década de 1990 se inició un proceso de reformas fuertemente descentralizadoras y desreguladoras vinculadas a la Ley 26.696 de Reforma del Estado. Tanto la administración, como la regulación de los servicios públicos no fueron ajenos históricamente a los modelos de acción de Estado. Rescatamos para esto un párrafo de un trabajo nuestro anterior, donde indicábamos que: "El modelo intervencionista corresponde a las tres primeras presidencias justicialistas (1946 – 1955 1° y 2° presidencia de Perón) y 1974 – 1976 (3° presidencia de Perón – Cámpora – I. Perón) Mientras que para el modelo de liberación corresponden generalmente gobiernos de facto entre 1955 y 1974 (con intercalada participación democrática 1958/64 Frondizi – Guido, y 1964/66 A. Illia), y luego, en 1976 con un nuevo gobierno de facto, que inicia nuevamente el ciclo de la liberación; prolongado en la democracia en 1983 con la presidencia de Alfonsín.(2)" (Diez Tetamanti. 2005) y profundizado en la década de 1990 y principios de 2000, durante las presidencias de Menem y De la Rua. En el capítulo Acción de Estado ahondaremos sobre las reformas de Estado y sus implicancias territoriales.