La intervención del Estado en el territorio esta marcado fuertemente por los aspectos normativos, pero paralelamente, sus instituciones de acción y aplicación (empresas de servicios, entes, etc. dependientes del Estado) poseen quizás un vinculo más estrecho y palpable en lo relacionado con las constante modificaciones de organización territorial.

En un nivel que excede nuestra área de estudio, las reformas de las instituciones de acción y aplicación demostraron durante todo el período 1970 – 2005, transformaciones.

La mayoría de las empresas de servicios públicos dependientes del Estado provienen mayoritariamente del primer gobierno peronista en 1945. Momento en el cual, estas empresas fueran expropiadas y cobraran un sentido de aplicación social. Por recordar a algunas de ellas mencionamos a: Agua y Energía, Banco de la Provincia de Buenos Aires (11), Empresa Nacional de Transportes, (posteriormente Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino y Ferrocarriles Argentinos), Administración General de Puertos, Dirección Nacional de Granos y Elevadores (posteriormente Junta Nacional de Granos), Marina Mercante Argentina, Teléfonos del Estado (posteriormente ENTeL) etc... Estas empresas, convertidas en "herramientas" del Estado no participaban sólo sobre un nivel del sistema de producción, sino que lo hicieron en modo vertical sobre todos los niveles, en forma total o parcial; como sistema interconectado. Esta característica de sistema, garantizó hasta 1991 el gerenciamiento por parte del Estado de políticas de subsidios indirectos, directos y la defensa de los productores nacionales.

Un ejemplo de ello lo constituye la ex Junta Nacional de Granos. En un trabajo anterior detallábamos su funcionamiento de la siguiente forma: "Desde el punto de vista operativo, los centros de acopio, las agencias y los elevadores, que representan sus principales herramientas, cumplieron un rol protagónico en el mercado interno y externo. En el mercado interno, la Junta establecía, sobre todo en zonas marginales, centros de campaña con agencias o centrales de acopio, desde donde se administraban todas sus funciones de centro, regulación y financiación mencionados. Paralelamente, al trabajar en conjunto con Ferrocarriles Argentinos y la Administración General de Puertos (ambas empresas monopólicas estatales hasta 1991), la Junta Nacional de Granos establecía subsidios indirectos a la producción y el consumo. Antes de los periodos de cosecha, la Junta Nacional de Granos, en conjunto con Ferrocarriles Argentinos, y la Administración General de Puertos establecían programas de trenes y embarques relacionados con las demandas de la oferta de producción." (Diez Tetamanti, 2005).

En el mismo sentido, luego de la estatización de los ferrocarriles en 1947, durante el gobierno de Perón, las décadas del ’60, ’70, ’80 y ’90 se caracterizaron por generar un ajuste en la estructura y funcionalidad del transporte. Este ajuste tuvo un fuerte impacto sobre el territorio y la población asentada.

Existen tres reformas importantes respecto del sistema ferroviario: "el llamado "PLAN LARKIN", del año 1961; el "PLAN DE TRANSPORTE FERROVIARIO", del Consejo Nacional de Desarrollo, concebido como capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo,1965-1969, publicado en abril de 1965 y un último "PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS", alternativo al anterior, elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo, técnicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino". De los tres mencionados, el plan más citado es el Larkin. Este Plan, según FIEL (1998) "recomendaba entre otras medidas el levantamiento de 14.000 kilómetros de vías por tener los mismos una demanda insuficiente y existir otras alternativas modales" Los 14.000 kilómetros de vías levantados durante el gobierno de Frondizi estaban centralizados principalmente en las líneas del Belgrano (sur) [líneas del centro de la provincia de Buenos Aires de trocha angosta que afectaban a localidades como: Mirapampa, La Niña, Gdor. Ugarte, M. Hirsch, Velloso, Loma Verde, Patricios; Girondo; Plá; Hortensia; entre otras que suman más de cien] y líneas del ferrocarril Roca como la línea sur de Energía (Pdo. de Necochea) y Cnel. Dorrego, o la línea Azul – la Pastora – Tandil. Este proceso conocido como "motorización" –dado el impulso otorgado a la construcción de caminos- produjo un cambio tajante para el ferrocarril trocándose el manejo de los sistemas de transporte terrestre a manos del complejo automotriz

El Plan Larkin, de fuerte impacto territorial no completó el asfaltado de los caminos que fueron reemplazando al ferrocarril. Numerosas líneas quedaron aisladas por extensos caminos de tierra que quedan intransitables en época de lluvia. Este plan a largo plazo, no cesa conjuntamente al gobierno de Frondizi, sino que continuó siendo aplicado durante el período de facto 1976 –1983 y, entre 1989 y 2001, paralelamente a la toma de posesión paulatina de los servicios por parte de empresas administradoras privadas.

La Argentina no se circunscribe a la región pampeana, por lo tanto es entendible en un sentido económico-territorial, que la prestación de servicios en relación con la producción – o población –como el transporte de cargas, el trasporte de pasajeros y la provisión de energías- debieran ser subsidiadas por el Estado. En las regiones más alejadas o de producción de bajo valor el Estado funcionó de amortiguador y sostén tanto de precios como de la producción misma. Esto le otorga un carácter fundamental al Estado: el de protección de los sectores económicos o sociales más débiles.

En estos sectores incluimos a nuestra área de estudio. No por hallarse fuera del área pampeana, pero sí por sus características frágiles en el sentido de la fuerte dependencia de la acción del Estado. En esta línea observamos las dificultades de inversión en servicios públicos y el sostenimiento de los mismos. No es casual que para la instalación de ciertos servicios (gas, luz, teléfono, agua), como ya hemos expuesto páginas atrás, resultara necesaria la gestión de cooperativas. En el mismo sentido, como es el caso del transporte de pasajeros y cargas, a partir de la clausura de ramales ferroviarios o su concesionamiento, tanto Mechongué como San Agustín quedaron libradas al mérito del mercado en sí. No más transporte de pasajeros por ferrocarril (12), no más regularidad en la salida de las cargas por ferrocarril. Para el caso del trasporte de pasajeros, existen dos alternativas de comunicación: los ómnibus y combis que comunican con Balcarce, Mar del Plata y Miramar o remises. Estas alternativas a su vez, brindan bajísimas frecuencias. Para el caso de Mechongué: dos servicios diarios para Miramar y Mar del Plata. En San Agustín: tres servicios diarios de combis sólo hasta y desde Balcarce. La interconexión entre San Agustín y Mechongué, a través del asfalto, no posee servicios públicos de transporte de pasajeros.

Refiriéndose al problema del despoblamiento en localidades menores de 2000 habitantes en la Argentina, Marcela Benítez, en su tesis "La Argentina que desaparece" (2000) menciona tres factores relacionados con el Estado y el impacto demográfico en estas localidades: a) Cierre o levantamiento de ramales ferroviarios; b) tecnificación agraria y; c) disminución de la actividad económica principal. Dado que esta tesis pareciera tender a generar alternativas al problema del despoblamiento, es llamativo que no ahonde en aspectos particulares de las localidades, remitiéndose solamente, para cada uno de los puntos mencionados, a consideraciones generales (13). Benítez concluye su tesis con una idea ambigua acerca del modo intervención del Estado en el problema del aislamiento territorial, no define estrategias de acción general, y propone como única posibilidad de reversión del problema de la desintegración comunitaria y el despoblamiento la "llegada" de ONGs que llenen los vacíos de acción de los sucesivos gobiernos. Es decir, una postura rendida a los entes de financiación externos que niega posibles modificaciones de Estado y gobierno.

De todas formas, más allá de posibles inacciones concretas del Estado, éste no llega a desaparecer, en menor medida forma parte de un proceso de debilitación de la acción. La debilitación de las posibilidades de acción del Estado a través de herramientas directas encarnizadas en las ex empresas o entes estatales, promovió otro sistema de aplicación de sustentos, ayudas, subsidios, etc: las políticas sociales.

Las políticas sociales, van acompañadas de un plan o proyecto de desarrollo o sostenimiento de una actividad, situación económica en particular o paliativos.

Mabel Manzanal (2000) marca el año 1976 como fecha de quiebre del sistema keynesiano, reemplazado éste por el advenimiento del neoliberalismo. El fin de este sistema, impone la necesidad de continuar con la asistencia a los sectores sociales – económicos postergados, bajo la utilización de otros métodos. Si antes de 1976 se utilizaban las herramientas directas del Estado (empresas), a partir de 1976 se inicia un proceso nebuloso y mutante de la asistencia (programas o planes sociales). Estos programas o planes, generan un contrato entre el Gobierno, el Estado, y sus beneficiarios con un fuerte contenido simbólico y político. La simbolización de la asistencia es un hecho extremadamente relevante, dado que en oportunidades se carece de herramientas concretas para ejercer la acción del desarrollo, la producción, o la movilidad social.

Relacionado con el área rural, Manzanal (op.cit) indica como primer antecedente de programa rural, al Programa de Reconversión de Áreas Minifundistas (PRAM) en 1973, con escasa duración, debido a los constante conflictos políticos de la época. Recién en 1984, según la autora, el Programa Nacional Agropecuario (PRONAGRO) fue diseñado pro la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) Este programa tampoco logró implementarse; para Manzanal, las causas de esta no-implementación estuvieron dadas por la oposición de medianos y grandes productores agropecuarios de la región pampeana, sumado a los impactos del plan económico Austral. En la década de 1990, además de otros planes o programas localizados en el NOA o NEA, se implementan dos de los más relevantes el Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Iniciativas Rurales (PROINDER). El primero con aportes del presupuesto nacional y, el segundo, financiado por el Banco Mundial.

El PSA, aplicado en nuestro área de estudio, tenía el objetivo de trabajar con pequeños productores, minifundistas en la búsqueda de alternativas para superar la crisis.

El PROINDER, también aplicado como una extensión del PSA trabajaba con productores, pero extendido a la población que se dedicara al agro o no.

La diferenciación entre trabajadores y población, o productores o trabajadores es relevante desde el sentido de su aplicación. El PSA al trabajar solo con productores dejaba de lado a los trabajadores, que si bien podían ser beneficiarios indirectos de estos subsidios, si no se encontraban afectados a tareas agropecuarias, quedaban aislados. En este punto el PROINDER avanza al incluir a la "población que ese dedicara al agro o no". El problema reside en que dentro de los objetivos se incluía a nuevas actividades productivas, calidad de la producción, autoconsumo, posicionamiento en el mercado, etc. por lo que nos queda el interrogante sobre si la población no dedicada a actividades productivas quedaba incluida. En algunas entrevistas, el PSA se recuerda, especialmente para San Agustín, con dificultades de aplicación. Sobre todo se menciona un tema que resulta fuerte para cuestionar al PSA en el contexto: el PSA se emplea en un momento de recesión de la actividad de pequeños productores en el ámbito nacional. Esto no se observa aisladamente sino en un contexto vaciamiento del Estado vinculado al beneficio de los grandes productores o fondos comunes de inversión bancaria destinados al agro.

A finales de los ’90, se implementan en el área de estudio, a la vez que en otros sectores del país, –urbanos y rurales- planes y programas de empleo destinados a población pobre o desplazada como el Plan Trabajar o posteriormente el Plan jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires) Estos planes fueron adoptados por los municipios y aplicados. Además del problema de la situación de "parche" de la aplicación, es decir que no se emplearon en proyectos productivos asociados, se observa la baja capacidad de reinserción del desocupado en el mercado del trabajo. Manzanal (op.cit) menciona al problema del clientelismo como un factor negativo y de impedimento de movilidad social: "dividir poco dinero entre muchos y llegar a más beneficiarios tiene que ver con los intereses políticos de los gobiernos, con su falta de recursos resultante del ajuste y con su escaso interés por la problemática de la pobreza. Para estos, lo más importante es alcanzar una masa mayor de la población, ya que es una meta que opera favoreciendo el consenso político. (...) El ajuste y la desregulación han implicado para los pequeños productores que muchos de los servicios sociales que durante el Estado de Bienestar recibían, ahora deban proveérselos privadamente."

Ya a principios de la década de 2000, programas como el Servicio Alimentario Familiar (SAF), Huertas Bonaerenses o Pro-Hábitat, se comenzaron a implementar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Trabajo. Estos programas, surgidos de un contexto de crisis social y económica asociado a la recesión económica de fines de los ’90 son aplicados actualmente tanto en Mechongué como en San Agustín. Estos programas funcionan asociados entre sí, y tienen entre sus objetivos a los siguientes (14):

SAF: "Disminuir el impacto de la pobreza, contribuyendo a asegurar los derechos básicos de la alimentación y la salud"

Huertas Bonaerenses: "Contribuir a la producción de alimentos, como estrategia para complementar la dieta y atenuar los efectos producidos por la pérdida de ingresos de las familias que están bajo la línea de indigencia, preferentemente beneficiarios de los programas sociales: Más Vida; SAF, Barrios Bonaerenses, Capacidades Diferentes, Tercera Edad, y Jefes y Jefas de Hogar Desocupados."

Pro-Hábitat: "Contribuir al mejoramiento del hábitat en comunidades vulnerables teniendo una intervención flexible e integral."

Jefes y jefas de Hogar Desocupados: "Brindar un beneficio económico a los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos menores de 18 años, con el fin de propender a la protección integral de los hogares, asegurando tanto la concurrencia escolar cuanto el control de la salud de los hijos a cargo."

Estos programas, que son solo algunos del universo de los aplicados, constituyen un conjunto de aplicaciones a filas de la población tanto de carácter urbano como rural. Las críticas que pueden realizarse acerca de los segmentos o aplicabilidades –al margen de la coyuntura económica y social nacional- están dadas a partir del poco ajuste al problema local.

Los programas y planes que mencionamos no se ajustan a características locales, a problemas y necesidades locales. Cuestiones estas, íntimamente relacionados con el territorio. Generalmente programas como Jefes y Jefas de Hogar Desocupados son utilizados en servicios al sector público (mantenimiento de plazas y parques, limpieza de escuelas, obras de mantenimiento de obras como postes, puentes, pintura, zanjas etc.) Los municipios, de esta forma, así como algunas instituciones mixtas (escuelas subvencionadas) emplean estos aportes al sector desocupado en el ahorro de empleo formal. Esta característica es notable en las localidades de nuestro sector de estudio, involucrando al beneficiario en el empleo de mano de obra percibiendo a cambio un subsidio que, en definitiva no permite movilidad social.

Atentos al problema de la no-contemplación de programas o planes con características de adaptabilidad territorial debemos rescatar nuevos proyectos implementados que poseen fuerte arraigamiento al espacio de acción.

Estos son programas o planes territoriales. Entre ellos se distinguen: el Plan Volver (Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires), el Programa de Promoción de Pequeñas Localidades [Programa Pueblos] (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Federación de Asociaciones de Centros Educativos para la Producción Total y Municipalidades) y, una normativa; la Ley 13.251 de promoción de pequeñas localidades de la Provincia de Buenos Aires promulgada en 2004.