ACCIONES DEL ESTADO

Las localidades de nuestra área de estudio no están ajenas de las políticas macro de Estado. En este sentido hemos hablado en páginas anteriores sobre los períodos intervensionistas y aperturistas y su posible impacto sobre las localidades.

La acción del Estado, entendida como políticas de gobierno a través de sus instituciones, puede entenderse desde diferentes tipos de aplicaciones – fin.

Por un lado encontramos a las políticas macroeconómicas, entre las que para nuestro período hallamos a la primera desregulación de la economía en la segunda mitad de la década del 1970 y principios del ’80, -durante el gobierno anticonstitucional- .En esta etapa se destruyó la tradición del Estado intervensionista y se inició un proceso de especulación financiera. El regreso de la democracia, en 1983 fue acompañada por reales reajustes económicos bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron el déficit fiscal ya iniciado entre 1976 y 1983. Posteriormente, a fines de la década de 1980, este proceso se desencadenó con un proceso hiperinflacionario. La continuidad económica, estuvo signada por el ajuste y la desregulación casi absoluta del Estado, fomentando un agudo proceso de privatización ejecutado durante la presidencia de C. Menem, legitimado por la Ley de Reforma del Estado (Ley Dromi) 23.696 y continuado con el Gobierno de F. De la Rua.

La década de 1990 se caracterizó por un trascendental impacto al sector público, en el sentido de sus instituciones, y tuvo tangibles manifestaciones territoriales y sociales. Por nombrar algunas: la población rural que en 1970 ascendía al 21%, para 1991 disminuyó al 13% (7); la extensión de ramales ferroviarios con servicio de pasajeros, que ya había sido reducida en 1978 a 35.953 Kilómetros de los 45.000 existentes en 1960, para 1994 fue disminuida a sólo 6.000 kilómetros. En el sector agrario, entre 1990 y 2001 según declara Lapolla (2005), desaparecieron cerca de 160.000 productores (35% de ellos del sector pampeano), En el mismo sentido, desaparecieron o fueron liquidadas cuantiosas instituciones o empresas públicas como la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de la Carne, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional del Algodón, la Administración General de Puertos, Ferrocarriles Argentinos, entre otras que pertenecían a la órbita de la administración del Estado.

A partir de la crisis social, financiera y política de 2001, se observan una serie de iniciativas con características que dan cuenta de un nuevo sentido intervensionista, por parte del Estado. Muestra de esto son las retenciones a las exportaciones, la fijación de precios máximos a determinados productos, la reincorporación al Estado de empresas privatizadas como el Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Fiscales o los servicios de provisión de agua en Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, a partir de la participación social en diferentes espacios políticos se observa una mayor concurrencia gremial y asociativista popular que ha tenido claros resultados, tanto en la vida institucional como en el territorio. Ejemplos de ello lo constituyen la cancelación de los remates de material ferroviario por parte del Órgano Nacional de Bienes del Estado (ONABE), gracias a la participación activa de los pobladores de la localidad de Bavio en el partido de la Magdalena, impidiendo el remate de la estación (8); la apropiación por parte de la municipalidad de actividades en quiebra o fuera de servicio –como ocurrió en 25 de Mayo con la actividad lechera (9)-, o la puesta en discusión de proyectos para localidades a partir de planes como el Volver, en la provincia de Buenos Aires, el Programa Pueblos, en el ámbito nacional, o la participación activa del grupo "Pueblos que Laten" en el centro de la provincia, en el sentido social y cultural; por nombrar sucesos relacionados directa o indirectamente con nuestra área de estudio.

Referente a acciones del Estado sobre el territorio, podríamos encontrar tantas que pederíamos el objeto de nuestro análisis centralizado sobre los servicios públicos, el despoblamiento y la construcción social del territorio.

Hemos mencionado unos párrafos más atrás, que las acciones más visibles son aquellas que ejercen impacto negativos sobre la economía o el territorio y que a su vez, se representan concretamente.

Sobre estos temas, que esencialmente tienen que ver con los servicios públicos, ya nos hemos explayado en capítulos anteriores, por esto, en este apartado, nos referiremos a las políticas de menor vinculación con los servicios públicos.

Con referencia al despoblamiento, tanto los censos como lo detectado en las entrevistas muestran un quiebre a partir del 1970, o cinco años antes. La década del ’60 se muestra como el inicio del proceso de despoblamiento rural. Paralelamente suceden dos cuestiones relevantes de impacto territorial demográfico. Por un por un lado el modelo desarrollista y pos – sustitutivo de importaciones provocó una concentración de la población en áreas urbanas e industrializadas como Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario, entre otras. En otro sentido, este mismo proceso de industrialización sumado a la tecnificación de las tareas rurales, restó demanda de mano de obra en el ámbito agrario.

Pero consideramos otros elementos a tener en cuenta que van más allá de la tecnificación, múltiples de veces citada para explicar el fenómeno del despoblamiento rural.

Jorge Lapolla (2005), en un artículo titulado el "Impacto Social de la Biotecnología Transgénica en La Argentina" menciona que "Desde 1967, fecha en que el dictador Onganía promulgara la 'Ley' Raggio modificando la ley de arrendamientos rurales y que expulsara a decenas de miles de productores pequeños y medianos de las tierras que habían trabajado honestamente desde que en 1945, Perón prefiriera una ley de congelamiento de arriendos en lugar de una Reforma Agraria como propiciara al comienzo de su gobierno, la política del poder económico ha sido expulsar chacareros..."

En las entrevistas realizadas por nosotros, no se recuerda una Ley específica que generara el inicio de la expulsión de agricultores o pobladores. En general se habla de temas como la "tecnificación" o la "baja rentabilidad" a partir de la década de 1960. Sin embargo, en algunos casos el gobierno de Onganía, se plantea como posible fecha del inicio del despoblamiento. No es casual, que se haga alusión a –muchas chacritas alrededor del pueblo- (por San Agustín) –que no se podían sostener porque ya no dejaban plata y arrendar cada vez era más caro-. El hecho del aumento del costo de los arrendamientos nos estaría dando la pauta para este punto, de un cambio en normativas, fin del congelamiento y retorno de las tierras a sus propietarios con la consecuente reconcentración.

Con respecto a este tema, se disponen datos con complicación para el análisis dado que se presentan para partido y con periodicidad irregular.

A partir de los datos de los censos Agropecuarios de 1960, 1988 y 2002, hemos elaborado los siguientes gráficos que denotan cambios en la figuración de la tenencia de la tierra.

Gráfico 53.Fuentes: Elaboración propia. INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios, 1960, 1988 y 2002. Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 54. Fuentes. INDEC. Elaboración propia. Censos Nacionales Agropecuarios, 1960, 1988 y 2002. Gráfico de elaboración propia.

Según los datos del INDEC, con los que hemos elaborado los gráficos 53 y 54, se observa una cierta disminución en el porcentaje de las tierras en manos de aparceros –entre 1960 y 2002-; arrendatarios -en el periodo 1960 a 1988-, y para el partido de General Alvarado, las tierras ocupadas. También se nota una disminución de las tierras en tenencia de sus propietarios. Estas disminuciones en tenencias de formas de aparceros, arrendatarios, ocupación y propietarios se complementa con la aparición de la figura del contrato accidental. Esta figura, casi inexistente en la década de 1960, revela un nuevo sistema de posesión o tenencia, que aleja a cuestiones sociales vinculadas con la tierra, como el arraigo, el sentido de pertenencia o el propio localismo del productor. Se instaura un sentido de capital, por sobre el del trabajo y pertenencia. El contratista no es el dueño de la tierra ni posee vinculación territorial con un espectro particular de lo local. Esto, sumado a la tecnificación y la industrialización iniciada a partir de 1945 genera un cambio en las características de lazos sociales en el habitante rural. En parte es desplazado, desterrado... en otros casos cambia en el sentido cultural hacia actividades relacionadas con lo urbano.

Marcelo Sili, con respecto a este proceso, menciona para el período 1960 – 1970 que los productores "con recursos suficientes como para comprar una vivienda, se van a vivir al pueblo a la ciudad [a los que denomina, ‘productores agropecuarios del pueblo’], otros con menores recursos se quedan en el campo [a los que denomina ‘productores del campo’] Esta migración hacia el pueblo no deja de ser conflictiva, pues lo que quedan en el campo sienten que los que van al pueblo han traicionado un estilo de vida y trabajo de productor agropecuario."(Sili. 2000)(10).

Las décadas de 1980 y 1990 también se encuentran marcadas por una inicial inercia proveniente de décadas anteriores de despoblamiento que, ya para el período intercensal 1991-2001 se muestra estacionada. De acuerdo con las entrevistas, el problema deviene del sistema de mecanización de años anteriores, aunque se suma a esto, la extensión del cultivo de la Soja, que precisa de menor cantidad de mano de obra que los cultivos tradicionales de la zona; en especial: papa y trigo. El estancamiento en la década de 1990 nos pone frente a un problema del análisis. Entendemos que es posible que se deba a dos causas. Por un lado, es posible que exista un "piso" para el despoblamiento. Por otra parte, pensamos que ese "piso" puede estar marcado por la actual mano de obra y servicios demandados por el sector agrario.