El tema que hemos intentado exponer en las páginas que preceden, versa sobre tres temas centrales: los procesos de despoblamiento y crecimiento, la acción del Estado sobre el territorio, los servicios públicos y la población y, la construcción del espacio territorial. Estos temas se enmarcan en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, y precisamente en localidades con menos de 2000 habitantes, con íntima vida social y económica rural.

Generar una reflexión final, o bien una conclusión no es una tarea sencilla, desde el punto de vista de la complejidad de actores y coyunturas que hemos expuesto.

Sin embargo consideramos que evidentemente quedan grabados para los tres temas principales, los procesos de intervención o apertura de la economía nacional.

Podríamos decir entonces, que hasta 1955 hubo en estas localidades y parte de la región, un proceso de ocupación natural del espacio. Las localidades crecieron acompañando una necesidad coyuntural y temporaria de mano de obra generada por la actividad agraria. Por otra parte, un complejo legal y normativo colaboró, hasta estos años con una distribución de la tierra entre pequeños productores agrícolas.

Cercana la década de 1960, se inicia el proceso aperturista de la economía Argentina. Esta fase es acompañada por una serie de medidas de Estado que impactaron en la reconcentración de las tierras, la demanda de mano de obra y, el modo de explotación de la tierra. San Agustín y Mechongué, advierten en este tiempo, tanto desde la estadística como desde la memoria, el inicio del estancamiento demográfico.

Ya en 1976 se advierten quiebres fuertes tanto en lo social como en lo territorial. El modelo económico de ajuste, sumado a una política aperturista intensificada, impacta en las localidades rurales con el cierre o clausura de servicios de transporte y una disminución de la inversión en obras públicas. Los municipios o las cooperativas, con la participación de la población se encargan, sobre todo en el caso de Mechongué, de ejecutar o mantener servicios y obras públicas.

La década de 1990 es un periodo de intensificación del ajuste económico y de la exclusión socio-territorial. El proceso de sojización que se manifiesta desde los ’70 en todo el país, llega a la región sudeste e impacta desplazando a la actividad papera, generando una nueva baja en la demanda de mano de obra. Por otra parte, la Ley de Reforma del Estado 23.696 y sus reglamentaciones de ajustes, privatización o concesión de los servicios públicos, cierre de instituciones subsidiarias a la actividad agraria, desplazan al margen de la economía, a los espacios sociales de estas localidades. Se paraliza la obra pública, cesa el crédito y el financiamiento y se ejecutan solamente políticas sociales de retén social. La acción de los municipios y de las cooperativas, pasa a ser fundamental para el sostenimiento de los servicios sociales y económicos como Salud, Educación, Agua, Teléfono, Electricidad, etc.

La década de 1990 impone una gestión casi autónoma para la conservación de servicios, empleo, instituciones y patrimonio. La falta de financiamiento y el sentido de lucro de las empresas privatizadas, hacen que se disminuyan las frecuencias de servicios de transporte, que no exista inversión u obra por parte del Estado o las "privatizadas", generando la necesidad y el impulso de apropiación del sistema de servicios y de parte del patrimonio. Así, las cooperativas se sitúan con un rol fundamental de fomento, y las acciones sociales endógenas organizadas mantienen o reconfiguran viejas estructuras pertenecientes a la antigua lógica de Estado. De esta forma, las cooperativas en Mechongué, conservan los servicios públicos y, a través de organizaciones sociales locales se obtiene financiamiento para ayudas mutuas, construcción de centros culturales, reparación de instalaciones o creación de museos. La inexistencia de cooperativas fuertes en San Agustín muestra una clara diferencia de resistencia ante el cambio de los últimos diez años del siglo XX. De todas formas, aunque con menos dinámica, la municipalidad asume el rol de regulador o sostén en parte de los servicios.

La crisis de 2001, está marcada en estas localidades, quizás no tan potentemente desde la manifestación social en sí; sino desde el cambio de participación en la acción por parte del Estado. La provincia de Buenos Aires, representa en esta nueva etapa un papel relevante. El cambio de políticas económicas pos crisis, no solamente se refleja en una mayor actividad de mano de obra dedicada al agro –que no es del todo satisfactoria para la población- sino en un giro de paradigma de política social, o quizás de política territorial.

La Ley 13.251 de la provincia, el Plan Volver o el último Programa Pueblos, tal vez no lleguen a integrar de modo total a las localidades en el sistema de inclusión socio-territorial, pero (re)involucran e intentan reconstruir una política local y una nueva relación entre la población y las políticas de Estado.

Así, y ante los períodos cíclicos de la economía nacional, vinculado a procesos de territorialización, a partir de 2001 se inicia una nueva fase de intervención del Estado, pero renovada, con más dinamismo y proyección. La acción local para el desarrollo, que en los 90’ se enarbolaba como salida única y de casi absoluto autofinanciamiento y autogestión, a partir de 2001 se acopla con la cooperación y el compromiso del Estado. La diferencia está marcada por un Estado que toma de la autogestión y de la innovación local, la pauta para encauzar el financiamiento ante necesidades o demandas concretas.

Aún queda la deuda de la regulación de los servicios públicos con más fuerza desde el Estado. De la misma forma, la conectividad y la incorporación territorial de lo rural en el sistema de vida urbana es una tarea que requerirá mayor inversión en infraestructura y servicios. De esta forma, accesos a educación, salud, fuentes de empleo e información dejarán de ubicarse distantes tras los obstáculos del aislamiento y la marginación de los vínculos territoriales.

La construcción del territorio en Mechongué y San Agustín está claramente marcada por su actividad agraria. Pensar en actividades económicas como el turismo o los microemprendimientos de índole urbano constituyen alternativas posibles, pero no el único camino a seguir. De acuerdo a lo que hemos podido investigar, el arraigo no constituye una negación a participar activamente en territorios foráneos –ciudades-, sino que se ejecuta en el aprecio por la calidad de vida, la historia micro y la misma reproducción social local. Obtener beneficios desde lo urbano –trabajo, educación, salud, información, etc.- complementados con el modo de vida local es un punto a tener en cuenta para futuras proyecciones en obras de conectividad e integración.

Añadir estos territorios a los beneficios urbanos es una tarea que involucra aspectos sociales, pero también requiere de cambios en el aparato de trasporte y movilidad. Es inconcebible que actualmente un pasajero de ómnibus tarde el mismo tiempo en viajar desde Mar del Plata hasta San Agustín (98 kilómetros), que desde Mar del Plata a La Plata (365 kilómetros).

Hacemos hincapié en que los servicios de flujo funcionan como incluyentes o excluyentes territoriales. En este sentido, transportes, comunicaciones y flujos de energía, pueden digitar una frontera entre quienes tienen acceso o no. En el caso de comunidades o localidades enclavadas en la provincia de Buenos Aires, esta inclusión es fundamental para evitar el proceso de despoblamiento. Sobre este tema y paralelamente a este trabajo de investigación, hemos desarrollado proyectos con aplicabilidad y replicabilidad en diferentes lugares de la provincia, aunque al momento sin financiación.

Un microemprendimiento puede reconfigurar una estructura o red productiva local, pero el financiamiento de estas actividades no debe dejar en el olvido o al margen proyectos macroemprendedroes regionales u obras públicas de interés general.

Por último, agregamos que la coyuntura actual representa un momento rico en ideas, proyectos y emprendimientos locales que se acoplan a la posibilidad de financiamiento por parte del Estado. Saber aprovechar esto como eje del inicio de una reforma territorial que incluya es tarea de la comunidad local y los administradores del Estado. Hemos mencionado ejemplos en la provincia que resultan provechosos. La usina láctea de 25 de Mayo, el proyecto de reactivación ferroviaria en Bavio y Magdalena, o el movimiento de debate de Pueblos que Laten, son ejemplos de acciones sociales y económicas locales endógenas, que incorporan recursos normativos, de administración y financieros del Estado con el objetivo de trazar nuevos esquemas territoriales.

Hoy no existe el poderoso intervensionismo estatal que al desaparecer dejó huérfanos a territorios y economías enteras con la sola tutela de la autogestión y el desfinanciamiento de los años ’90. Pero en la crisis de la autogestión se incorporaron ideas, innovación y proyectos que sirvieron para superar la crisis.

Además de continuar con la tarea de financiar la innovación y el proyecto local, queda la empresa a ejecutar que se basa en: integrar al territorio de modo concreto, dinamizando los flujos, instalando los servicios públicos necesarios en lo local y, permitiendo y garantizando el acceso a aquellos otros servicios y necesidades múltiples, que se hallan instalados en las ciudades.