El origen de la profunda trasformación experimentada por la Argentina en las últimas décadas es posible encontrarla, como ya se ha expresado., en las modificaciones que se inician con la dictadura militar. Desde aquella época se vinieron experimentando cambios, que se sostenían en el modelo de sustitución de importaciones. De esa forma se fue imponiendo un nuevo comportamiento económico-social basado en la valorización financiera y la apertura comercial.

Pero además, esas trasformaciones afectaron todas las dimensiones de la vida social, porque desde ese momento y por primera vez, junto a la quiebra del régimen democrático se construye una realidad de libre mercado, que apuntó a superar la crisis del Estado de Bienestar a través de la desindustrialización y el endeudamiento provocados. Es decir, se alteró la base productiva y también de manera notable la estructura de la sociedad.

Esta tendencia no pudo ser revertida en los años de la vuelta democrática. Con las crisis de 1989, el Estado Benefactor se precipita a una crisis de mayor envergadura, que únicamente puede ser resuelta sobre la base de las transformaciones estructurales, según el discurso neoliberal que se instala con fuerza en ese momento. Las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, significaron un momento clave, porque dieron la base para la toma de decisiones drásticas para resolver el problema estructural de la economía argentina.

El gobierno de Carlos Menen, al adquirir un consenso notable, logró llevar adelante un paquete de reformas fundamentales que constituyeron un modelo que descansó sobre tres pilares : 1) La Convertibilidad, 2) La reinserción de la Argentina en el mercado internacional de capitales y 3) Las reformas estructurales (privatizaciones, ajuste fiscal, apertura comercial y liberalización financiera, descentralización, flexibilización laboral, reforma del sistema provisional) medidas que tomadas en forma de "shock", modificaron estructuralmente a la sociedad argentina.

Las políticas de reforma del estado y la consolidación definitiva de un nuevo régimen de acumulación terminan de quebrar la matriz estado-céntrica, desplazándose varias actividades públicas hacia el mercado y consolidándose un nuevo modelo de relaciones entre estado y sociedad.

A continuación se mencionan las implicancias sociales de este proceso de reformas, que afectó de manera notable la vida social, económica y política de nuestro país., generándose lo que algunos especialistas denominan como una crisis de socialización. Es en este marco en el cual es posible entender y explicar la decisión de emigrar del país que en esta época llegó a cifras muy importantes.

II.1-Vulnerabilidades y efectos negativos: los costos sociales y la estructura social resultante

Se puede establecer un cuadro de situación de la polémica década de los 90, que se esquematiza en los siguientes puntos que se encadenan e implican recíprocamente:

a. Concentración de la propiedad, del capital y del ingreso nacional.

b. Distribución cada vez más regresiva del ingreso.

c. Cambio en el vínculo entre desempeño económico y desempeño del empleo: los tramos de reactivación económica no tienen efecto sobre el empleo.

d. Empobrecimiento general de la mayoría de la población.

e. Crecimiento explosivo de los índices de desocupación y deterioro de las condiciones de vida y trabajo: desempleo, subempleo y empleo precario crecieron persistentemente.

f. Vulnerabilidad, precariedad, inestabilidad, clandestinidad del trabajo y caída de las remuneraciones conocidas como "Flexibilización laboral".

g. Cambios regresivos en la estructura social: polarización, segmentación, fragmentación, dualización y exclusión social.

h. Creciente diferenciación clasista de la sociedad y "darwinismo social".

i. Restricción a largo plazo sobre los procesos de consolidación democrática.

j. Debilidad institucional y presupuestaria en materia de servicios públicos, políticas sociales y políticas activas de estímulo a la competitividad "real".

k. Estado con déficit fiscal permanente y con pésimas prestaciones sociales.

l. Reducción del gasto público en general y del social en particular: educación, salud, seguridad social. Deterioro de la calidad de las políticas sociales. Reducción del margen de acción fiscal para atender a grupos sociales, provincias, regiones (aún de la propia coalición).

m. Estado vegetativo del desarrollo científico y tecnológico local, con refuerzo de la dependencia en este terreno.

n. Debilitamiento inédito del aparato judicial "independiente".

o. Sistema impositivo altamente regresivo.

p. Vulnerabilidad externa: sistema económico vulnerable a los cambios internacionales, con retiro de capitales invertidos frente a situaciones de desequilibrio (Ej.: Crisis mexicana) por tratarse de "capitales golondrina" –están mientras los negocios sean rentables y seguros- y también las exportaciones dependen de los precios internacionales (productos primarios).

q. Fuerte dependencia y débil equilibrio dependiente mercado financiero internacional: de él dependen préstamos y negociaciones de deuda y, en definitiva, todo el financiamiento –endeudamiento (cada vez más caro) externo –desequilibrio de la balanza comercial-.

r. Recesión, desinversión, declinación del PBI y estancamiento económico en general.

s. Desindustrialización, primarización y subdesarrollo.

t. Alto nivel de corrupción.

El punto j) del esquema anterior nos permite observar un aspecto relevante para el período estudiado: el deterioro de las políticas públicas, específicamente respecto a las aplicadas en el denominado gasto social. Este aspecto puede verificarse en el marco del ajuste sobre salud, vivienda, educación y seguridad social y el achicamiento de la capacidad del estado para garantizar el empleo. Esta orientación evidencia un claro desmantelamiento de los restos del Estado de Bienestar, donde se observa además un deterioro creciente de los servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas, y sobre todo la reducción de los salarios, pese al crecimiento de la productividad, así también se genera la denominada precarización del trabajo y el aumento del desempleo que, como ya hemos aclarado, contrastan con la concentración del ingreso.

II.2-Evaluaciones del modelo de los noventa

El proceso de reformas estructurales llevado a cabo por el gobierno de Carlos Menem mereció distintas evaluaciones y críticas muy diferentes por parte de los analistas de los distintos aspectos contenidos en las mismas, la forma en que se enlazaron unos con otros y los resultados y consecuencias arrojados.

En este sentido, es posible abrir un amplio abanico de opiniones en el que se puede encontrar, en un extremo, a aquellos que avalan completamente el rumbo adoptado, como así también, juzgan oportunas y acertadas las medidas para seguirlo en pos de emular "las recetas exitosas" –desde esta perspectiva- aplicadas en otras latitudes, que miran con peculiar optimismo el futuro, una vez ubicado el país en la "senda que conduce al desarrollo", y ven en la realidad los datos que les permiten confirmar los resultados positivos obtenidos (33). En el otro polo, hallamos a quienes desconfían de tales recomendaciones tanto como de quienes las sugieren y, también analizan críticamente al conjunto de transformaciones llevadas adelante y el tipo de actividades impulsado, su forma de ejecutarlas, la manera en que se encadenaron unas con otras y las consecuencias de las mismas en el corto y largo plazo (34).

Entre ambos extremos es posible ubicar posiciones "matizadas" entre aquellos que, por un lado, destacan las virtudes del modelo en el plano teórico (cuya debilidad juzgan aún no demostrada) pero que, simultáneamente, cuestionan las distorsiones con respecto al patrón ideal que surgieron a partir de la implementación local, cuyas severas desviaciones con respecto a aquél serían datos fundamentales a sopesar al encarar una evaluación de lo actuado en la Argentina. Desde esta línea analítica, la particular aplicación del modelo, llevada adelante por el menemismo, y sus soluciones rápidas y fáciles, arrojaron desiguales y contradictorios resultados en lo inmediato y mediato (35). Por supuesto, aquellos que evalúan negativamente las reformas menemistas y desconfían también del modelo en abstracto, consideran completamente alejado de éste al "modelo" argentino, cuya aplicación concreta contrastaría con varios de los postulados declamados por aquél o resultaría, al menos, una peculiar adaptación a las necesidades de algunos intereses locales.

II.3-¿Nuevo modelo o viejas recetas?

Existe una controversia entre los autores que analizamos sobre el carácter "modélico" y superador de la nueva etapa. Así para Juan Llach es a partir de los años ‘89/’91 que asistimos al surgimiento de una nueva etapa de desarrollo "que transciende a la economía", superadora de las dos grandes etapas anteriores: la agroexportadora (1880/1930) y la industrial por sustitución de importaciones (1930/1989-92). Esta etapa, según este autor, posee una serie de rasgos que permiten diferenciarla de las anteriores, lo que hay que destacar inicialmente teniendo en cuenta que "estamos viendo sus primeros pasos", es el de menor costo relativo que tiene su implantación si lo comparamos con las etapas precedentes: 60 años de guerras civiles precedieron la puesta en marcha del modelo agroexportador y la constante inestabilidad política acompañó al modelo ISI (Sustitución de Importaciones).

Otra es la visión de Nochteff, en torno a este punto de la discusión: la pauta de la "larga duración". Para explicar el comportamiento de la elite económica de nuestro país, el autor afirma la continuidad de una forma de acumulación basada en el predominio de "las cuasi rentas no tecnológicas" dando por resultado un crecimiento que denomina "tipo burbuja" (36). De esta manera las diferentes etapas de "desarrollo" no son más que otras tantas formas de adaptar la pauta a las condiciones, sobre todo de índole externa, y a la incapacidad del resto de la sociedad para "disciplinar" a sus clases dirigentes. En la tercera etapa, como en las anteriores, no puede esperarse un proceso de desarrollo a la manera de los países capitalistas centrales, porque la conducta empresarial se mantiene bajo las nuevas condiciones del endeudamiento externo.

Para Aroskind, por lo menos hasta los ’70, la situación de la periferia fue de alta consideración porque, según este autor, existía un consenso generalizado para "procurar reducir las diferencias existentes". Se inicia a partir de allí una etapa de las relaciones económicas internacionales marcada por un ciclo de endeudamiento masivo de los países de "industrialización media" que puso en cuestión ese consenso y a las tradicionales formas de desarrollo basadas en la intervención del Estado y las políticas proteccionistas. En Argentina el capitalismo había crecido impulsado por el mercado internacional durante el modelo agroexportador y por el Estado en el ISI (sustitución de importaciones), aunque con una pauta económica general rentística, es decir, nunca se terminó de consolidar el papel estratégico de la industria, la ciencia y la renovación tecnológica como impulsores del crecimiento económico. En este sentido el "nuevo modelo" es incapaz de innovar y no tiene más consistencia que "la primitiva idea de que se debe acumular lo máximo posible, en el menor tiempo posible y de la forma más líquida posible". Por lo tanto, no está claro un aspecto central de la consolidación del nuevo modelo: la inserción del país en el mercado mundial. El debate oscila entre quienes proponen una integración con EEUU, aquellos que buscan una mayor libertad por medio de la asociación con la Comunidad Europea y por último los que auspician la construcción de un bloque regional.(Aroskind, 2000 : 52).

En relación a esta temática, un autor como A. Pucciarelli, desestima el carácter superador del modelo destacando que algunas de sus manifestaciones no son más que la reaparición de viejos problemas irresueltos: el proceso de acumulación sigue siendo insuficiente; la vulnerabilidad externa no sólo no se superó sino que aumentó; las condiciones de inestabilidad, una marca de los modelos anteriores, sigue vigentes por el explosivo crecimiento de los índices de desocupación; manteniéndose continua la falta de integración de la estructura productiva. (Pucciarelli , 1998: 9 y ss).

En una línea similar se puede encontrar el argumento de Atilio Borón, para quien el nuevo "modelo neoliberal" que hoy "pretende aparecer como inédito y fecundo" no es otra cosa que una reedición de la vieja "ortodoxia neoclásica" experimentada en América Latina antes de la depresión del ’30. El autor hace una homologación entre las políticas que formaron los pilares del desarrollo agroexportador de fines del siglo pasado y las reformas neoliberales desplegadas por el gobierno de Menem : la articulación en el mercado internacional con la "apertura económica y la liberalización", "el estado prescindente y no-intervencionista con la desregulación y las privatizaciones" y "la adopción del patrón oro con el establecimiento del uno a uno por la Ley de Convertibilidad" (Borón, 1995: 45).

Este aspecto del debate sobre el carácter consistente/inconsistente y superador/no superador (incluso regresivo) del "nuevo modelo" puede ser ampliado a partir de la reconstrucción de las diferentes evaluaciones de su desempeño. Está claro que a través de la reconstrucción anterior ciertos elementos relacionados con "efectos reales" de las reformas ya han sido expuestos. Analizaremos ahora lo que los diferentes autores consideran como los consecuencias más relevantes de las "reformas pro-mercado".

II.4-Condiciones externas: ¿para el crecimiento o para la regresión?

En primer lugar veremos la dimensión externa, que abarca la descripción y el análisis de las determinaciones que propiciaron el cambio en el sentido aludido y las formas que tuvo la articulación de nuestra economía al nuevo escenario internacional. En líneas generales la interpretación de Llach sobre el marco internacional hace centro en la idea de la "globalización" como un desafío cargado de nuevas oportunidades para la Argentina. Es en este sentido que la reforma económica lanzada en 1989-91 debe ser analizada. La globalización consiste en la consolidación de la supremacía mundial de EEUU, liderando un renovado, competitivo y tecnológicamente sustentado proceso de apertura comercial, financiera y de inversiones que funciona en bloques regionales.

Argentina, y ésta es la "fuente de legitimidad" de las reformas, debe crear condiciones para atraer inversiones que le permitan insertarse en este formidable flujo económico.

Para nuestro país la mejor forma de presentarse en el escenario globalizado, es formando parte de un mercado mayor con los demás estados del cono sur; el Mercosur más Chile, por ejemplo. Una de las ventajas que presenta la nueva apertura económica mundial, ausente en la etapa anterior agotada a partir de la crisis del ’29, consiste en un mecanismo compensatorio a través del cual los países emergentes pueden equilibrar sus cuentas externas y mantener el endeudamiento en niveles manejables. Así cuando en el centro hay estancamiento y recesión, "bajan las tasas de interés internacionales induciendo un aumento del flujo de capital" hacía las economías emergentes que de esta manera financian inversiones vía endeudamiento externo y compensan la baja de las exportaciones y el aumento de la importaciones.

Por otro lado en el momento en que la actividad industrial de los centros se reactiva, suben las tasas de interés se retrae el flujo de capitales, suben los precios internacionales incentivando las exportaciones y reduciendo las importaciones, se genera así un superávit comercial que permite manejar el endeudamiento del ciclo anterior (Llach, 1997: 89).

Uno puede estar tentado a decir que la postura de Llach constituye una reformulación del viejo mecanismo regulatorio de la "mano invisible del mercado –ahora globalizado". El propio Llach confirma esta presunción, cuando afirma que el aprovechamiento adecuado del funcionamiento externo de la economía depende del elemento político: el "buen gobierno" o la implementación y el sostenimiento en el tiempo de las reformas estructurales. Aunque el grado de libertad de la acción política se ve drásticamente limitado por un indicador de naturaleza externa y "objetiva": el riesgo país, que opera comparando nuestra capacidad competitiva y solvencia económica con otras economías emergentes, con las que a su vez competimos en la captación de nuevas inversiones de mayor calidad y variedad.

Para Jorge Schvarzer (37) el contexto internacional de fines de los años ’80 estuvo claramente animado por una estrategia compartida por el "establishment" local, que "priorizó todo lo referente al pago de la deuda externa", de manera tal que las reformas se explican funcionalmente por su articulación con la exigencia financiera. En realidad las nuevas condiciones de la "economía globalizada", significaron en los hechos, un replanteo general del endeudamiento para generar condiciones que superaran la crisis inmediata de la deuda para asegurar la solvencia a mediano y largo plazo. En ese sentido las reformas estructurales cumplieron un papel fundamental: las privatizaciones de las empresas públicas se utilizaron como medio para reducir el "stock de deuda"; el tipo de cambio adoptado produjo la necesaria estabilidad reduciendo el peso de la deuda para la economía argentina; la rápida apertura financiera permitió la irrupción de un flujo de fondos facilitando la captación de divisas para el cumplimiento de los pagos de la deuda (Schvarzer, 1994: 82). Particularmente este autor analiza cada una de las políticas económicas que formaron el "núcleo duro" del reformismo neoliberal, sobre el cual volveremos; nos interesa destacar aquí la negación por parte de Schvarzer de la presencia de nuevas oportunidades de crecimiento ofrecidas por la lógica de la globalización económica. En verdad la lógica reformista, para Schvarzer, tuvo un contenido bien determinado para el caso argentino, y el de otros países emergentes, en la medida en que fue impuesta por los acreedores externos y sus objetivos centrados en el cobro de la deuda, mediados en esta etapa, tal vez, por una racionalidad no estrictamente de corto plazo tendiente a establecer bases más estables y estructurales para el pago de los compromisos financieros.

El resultado regresivo que tuvo para el capitalismo argentino el nuevo orden económico internacional es compartido en líneas generales por los trabajos de R. Aroskind y A. Borón. Para estos autores el contexto internacional, sobre el que se articularon las reformas menemistas, tomó forma de manera consistente con la formulación, a fines de los ’80, del "Consenso de Washington" (CW). Hablando en nombre de la "comunidad financiera internacional" el CW hizo un diagnóstico "asombrosamente simple y uniforme para cualquier tipo de crisis económica" (Borón, 1995: 20), abarcando en él tanto a los países de América Latina como a los del África Negra y el Este Europeo. La superación de la crisis para las economías involucradas, según las recomendaciones emanadas del CW, dependerían básicamente de poner fin al hipertrofiado crecimiento del Estado, con sus secuelas de burocratismo, regulaciones excesivas, déficit fiscal, empresas públicas ineficientes, entre otras, y al "populismo económico" producto de prácticas políticas que sostienen salarios altos, tanto en el sector público como en el privado, incompatibles con la economía real (de mercado).

Así las cosas, se produjo una "articulación compleja", no una "mera dependencia externa", entre las clases dirigentes autóctonas y los "amos" de mundo financiero con la novedad de que el nuevo vínculo no trajo grandes oposiciones internas, consolidando un tipo de capitalismo regresivo y conservador (Borón, 1995: 20 y ss)

El aspecto retardatorio de las nuevas formas de articulación entre centro y periferia surgidas del CW está también presente en al análisis de Aroskind cuando argumenta que hasta los años 70, fue posible sostener un consenso, donde la periferia y "el tercer mundo" tenían un rol protagónico, que se proponía desarrollar políticas orientadas a reducir las desigualdades; tal frente se rompe, a partir de la crisis de endeudamiento como ya dijimos, para abrir paso a las recomendaciones de CW : "despolitizar la economía, para dotarla de una lógica costo-beneficio" (Aroskind, 2000: 42)

El debate sobre la evaluación de las reformas puede ser completado analizando la evolución de unos pocos indicadores en el ámbito de la economía doméstica. Uno de los más relevantes, considerado por los propios defensores del modelo como "muy desafiante" el mercado de trabajo será abordado en la última parte de este capítulo, de manera que limitaremos el análisis a: la convertibilidad, las inversiones internas, las privatizaciones, el comportamiento del PBI y la evolución de ciertos sectores productivos.

La aplicación del Plan de convertibilidad y la Reforma del Estado tuvieron como resultado: la estabilización del nivel de precios, la interrupción de la inflación, la expansión del consumo interno, la recomposición del crédito y del incremento de la participación de los asalariados en el ingreso interno, y finalmente la reactivación de la inversión incorporando maquinaria y equipo importado. Como lo ha afirmado Nochteff, la acentuada expansión de la etapa inicial (1991-1994) estuvo fuertemente influida por la intensidad de la crisis hiperinflacionaria anterior. Esta "etapa de oro" de la convertibilidad duró hasta que se ocupó la capacidad ociosa del sector industrial, lo que mostraba, al ponerse de manifiesto, la incapacidad de la convertibilidad para instaurar un proceso económico que fuera sustentable en el tiempo. También es de destacar en este período la creciente concentración y centralización económica, que indica el fuerte proceso de incidencia de grandes firmas sobre el proceso económico.

Desde 1994 en adelante y hasta 1998, este sector concentrado de la economía, se expandió a una tasa superior a la del PBI (18,7 % sobre 8,9 respectivamente). Al potenciarse la expansión de los sectores dominantes, se fueron alineando y disciplinando al conjunto social detrás de los objetivos impuestos por la reforma estructural.

A partir de 1998 se produjeron modificaciones en el contexto internacional que dificultaron el acceso a un nuevo financiamiento externo. En efecto, en esa época se inició una recesión internacional que trajo aparejada una restricción financiera para América Latina que se complementó con la disminución del precio internacional de los productos exportados.

Comenzó entonces la crisis terminal del régimen de convertibilidad con un nuevo enfrentamiento entre las fracciones dominantes y, por primera vez desde la dictadura, se inició un reagrupamiento político de los sectores populares.

Respecto al desempleo las causas pueden ser de índole diferente, una sin duda central es la originada por la privatización de empresas públicas, provocada por "racionalización" del personal estatal y la incorporación de nuevas tecnologías que provocan la destrucción de puestos de trabajo. Veremos, con detalle en el apartado siguiente, algunos indicadores del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo.

II.5-La evolución del mercado de trabajo en los años noventa

5.a- Sobre las categorías censales

Es conveniente iniciar el análisis haciendo algunas precisiones en el uso e interpretación de las diferentes categorías censales, teniendo en cuenta que existen una serie de controversias en relación a las explicaciones que se han dado en torno a la gran expansión del desempleo y a la dinámica del sector informal en el período 90/97.

Son bien conocidas las fuentes de medición oficial del empleo y desempleo en la Argentina. A través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realiza dos veces al años en 28 conglomerados urbanos del país, se construyen centralmente cuatros tasas:

La tasa de actividad: Como porcentaje entre la denominada población económicamente activa (PEA), es decir las personas que trabajan y/o buscan trabajo activamente, y la población urbana total.

La tasa de empleo: como porcentaje entre la población ocupada (incluyendo a los subocupados) y la población urbana total. (empleado, para le EPH, es aquel que trabajo por lo menos 1 hora en la semana de referencia a cambio de una remuneración o 15 horas semanales no remunerado, por ejemplo ad honórem)

La tasa de subocupación horaria o visible (38) se presenta como porcentaje entre los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más y la PEA.

La tasa de desocupación (39) se define como porcentaje entre los que no tienen trabajo y lo buscan activamente y la PEA.

Algunos autores señalan las dificultades que puede traer la generalización no controlada de la EPH tal como está estructurada. En efecto al tratarse de una muestra de conglomerados urbanos no es legítimo extender sus conclusiones a las poblaciones rurales o a las urbanas más pequeñas. Por otro lado las posibles proyecciones históricas que puedan hacerse, deben tener en cuenta para no presentan problemas de validez, que no siempre se contó con las misma cantidad de aglomerados (40). (Iñiguez, A. 1997; 69).

A las objeciones globales se agrega una fundamental que pone en cuestión una de las categorías centrales de la EPH: ocupados plenos. Como ya dijimos ocupados plenos son aquellos que trabajaron más de 35 horas en la "semana de referencia" (41), pero del dato cuantitativo no puede concluirse que los incluidos en él poseen un tipo de empleo formal, con estabilidad, con una estructura salarial formada por un básico, adicionales y descuentos para jubilación y obra social. Es claro que existe una cantidad enorme de ocupación que exigen hasta 16 horas diarias de actividad para cubrir una jornada de subsistencia (digamos 7 pesos diarios para el mantenimiento del trabajador y su familia). En tal sentido muchos de los desocupados, entendidos como los que no poseen un puesto de trabajo con características formales, no pueden financiar la búsqueda activa de un nuevo empleo y de esta manera "permanecer" en la categoría censal , sino que se ven impelidos a ofertar mano de obra como estrategia de supervivencia familiar, en condiciones de precariedad . Se trata de todo el universo del "autoempleo precario": los vendedores ambulantes, los "cuidacoches", cartoneros, entre otros. La EPH los registra como "ocupación plena" (Carbonetto, 1997) (42).

5.b-Tendencias actuales del mercado de trabajo: desempleo y precariedad

Se deben tener en cuenta los siguientes elementos fundamentales en el comportamiento del MT a partir de los años 90: creciente incapacidad del sector formal para absorber fuerza de trabajo con destrucción de la ocupación plena o formal; aumento sin precedentes de la desocupación y de la subocupación, con expansión del Sector Informal Urbano (SIU) y difusión del empleo precario (incluso entre los ocupados plenos) como actividad "refugio". (43)

5.c- El sector formal

La dinámica del sector formal se puede graficar con la evolución de algunos datos macro económicos: si en el período de mediados de los ’70 comienzo de los ’90 el PBI se mantuvo constante y la ocupación se incrementó en un 30%, en la década siguiente la relación se invirtió; el PBI creció en un 30% mientras que el total de ocupados se mantuvo estable e incluso retrocedió (Iñiguez ,1997: 89) (44). Tal relación indica que la dinámica de crecimiento en su conjunto mostró (y muestra) serias limitaciones en lo que hace a la demanda de trabajo, una marcada disparidad entre producción y ocupación que explica en gran medida el creciente deterioro del MT (45). Parece haberse impuesto una pauta de crecimiento atribuible a la evolución de las grandes empresas, del sector industrial en particular, que supuso un mecanismo de expulsión de empleo y promovió relaciones informales de contratación. En un marco de apertura y competencia con los bienes importados la estrategia empresaria consistió en sustituir insumos nacionales por importados, cerrar líneas de producción, vender productos importados, tercerizar actividades y subcontratar servicios (Giosa Zuazua, 1999: 184).

En este contexto y como forma de racionalización de la mano de obra muchos de los autores subrayan la paulatina consolidación de los contratos por tiempo determinado, bajo la forma del contrato "a prueba", en reemplazo de los "por tiempo indeterminado". La ocupación plena partir de 1992 comenzó a caer y a crecer el subempleo con destrucción de puestos de trabajo y generación de "changas". Así el crecimiento del desempleo abierto no termina de dar una verdadera dimensión del deterioro de MT en estos años, más relevante fue el "subempleo por ingresos" , categoría que refleja la parte de la población en el MT excluida de los puestos de trabajo modernos, con alta productividad e ingresos adecuados, que deberá "arreglarse" inventando alguna fuente de recurso.

Analizamos a continuación la interpretación propuesta desde los ejecutores de las reformas estructurales, en torno a las causas que explicarían el gran aumento de la tasa de desocupación, para terminar la reflexión con una mirada más pormenorizada al Sector Informal y al fenómeno de la precariedad.

5.d- Interpretaciones sobre el desempleo

El fundamento de la explicación sobre las causa del aumento del desempleo en los años ’90 es conocido: entre 1990 y 1996 se incorporaron a la PEA 1,7 millones de personas lo que explica que 1,3 millones de personas se hayan sumado a las filas de los desocupados en el mismo período. Es decir la gran expansión de la oferta de trabajo, se explica por las expectativas favorables en cuanto a la posibilidad de obtener ocupaciones bien remuneradas, dada la nueva expansión económica, de parte de la población en general, que la impulsó a buscar activamente trabajo. La mejora salarial, la estabilidad de precios, entre otros factores, incorpora nuevos contingentes al MT. La PEA creció más rápido que la ocupación por la "emergencia" de desocupados antes ocultos en la inactividad (46) ante las mejores perspectivas económicas. Así se explica en gran parte que, más las privatizaciones, cierto aspecto del avance tecnológico y algunos procesos de racionalización en el empleo público, provocaran el aumento de la tasa de desempleo (47).

Un argumento adicional (organismos internacionales, economistas ortodoxos, y más recientemente los consultores financieros) es el que atribuye el aumento del desempleo a las rigideces institucionales del MT que impiden el descenso de los costos laborales a niveles compatibles con la decisión empresarial de tomar mano de obra. El supuesto es que hay una vinculación directa entre la baja de los costos del trabajo y el incremento en el nivel del empleo, por lo tanto es necesario "desregular" el MT disminuyendo los riegos de contratación y limitando las exigencias sindicales por lo menos en cuanto a condiciones de trabajo y salarios.

En primer lugar hay que destacar que la ocupación total dejó de crecer desde mediados de 1993, con destrucción neta de empleos, como ya dijimos en los años 1994 y 1995, de manera tal que "la desocupación se eleva como consecuencia de la declinación de la ocupación" (Beccaria y López, 1996: 36). Las conclusiones sobre la relación entre la PEA y la desocupación destacan lo siguientes: la gran mayoría de los desempleados tenía una ocupación previa, lo que revela nuevamente el vínculo entre el deterioro del empleo y el aumento de la desocupación. Por otro lado, paralelo al aumento de la desocupación, se verificó un aumento del empleo precario o subocupación. A la vez, una proporción importante de los que pasan a la actividad (en este caso buscando trabajo o ya empleados) venían de posiciones inactivas "naturales" (jubilados, amas de casa ) "presumiblemente como una estrategia de subsistencia con el fin de mantener el ingreso del hogar" (Iñiguez, A. 1997: 81).

Analizaremos ahora brevemente el comportamiento del SIU (Sector Informal Urbano) y la difusión de los fenómenos de desempleo y precariedad laboral, considerados como aspectos dominantes del MT argentino en los últimos años.

5.e- El sector informal urbano, el desempleo y la precariedad

La noción de trabajo informal, desde su aparición en los años ’70, parece estar ligada a la necesidad de explicar el surgimiento y muchas veces la supremacía, de trabajadores no insertos en relaciones salariales modernas ni de tipo tradicional (patrón/cliente) cuyas diferentes ocupaciones proveían, sin embargo, de acceso al consumo a vastas masas de los países dependientes. Las variadas formas del trabajo informal muestran que ni la falta de capital, ni de salario impiden a los sectores urbanos generar diferentes tipos de producción simple (Murmis y Feldman, 1996). (48) Ahora bien el uso del concepto fue bastante impreciso, aunque como informa Beccaria, su significado tiene la suficiente precisión como para no perderlo de vista. Este fue elaborado por los estudios de la OIT, como un análisis de la marginalidad y la exclusión, en países africanos para luego generalizar su uso a la región de Latinoamérica y el Caribe. A partir de la noción de heterogeneidad económica estructural que la CEPAL elabora para Latino América se considera a la informalidad una expresión de esa heterogeneidad, su "último eslabón". Abarca unidades de producción de pequeña escala del ámbito urbano, con poca organización, escaso capital y tecnología rudimentaria. Las relaciones laborales están desprotegidas (sin cobertura previsional, gremial o de salud) y la mayoría de los trabajadores tienen carácter de "dependientes precarios". El subgrupo principal del universo de los sectores informales son las pequeñas empresas de personas que trabajan por cuenta propia con baja acumulación, remuneración y productividad (49).

Otra definición que ha sido considera no necesariamente opuesta sino complementaria de la anterior fue la identificada con los trabajos de A. Portes de comienzos de los años ’80. En general comparte con la anterior el elemento de "desprotección" al trabajo, son informales "todas las actividades generadoras de ingresos que no están reguladas por el Estado" (Beccaria, Carpio, Orsatti, 2000: 141), pero introduce un enfoque "dualista" al destacar la estrecha articulación y complementariedad entre el sector formal y el informal. Los estudios de Portes sobre el SIU en Estados Unidos estarían revelando la funcionalidad de éste como parte de una economía capitalista integrada.

También es importante determinar la diferencia entre informalidad y precariedad. La precariedad empieza a definirse a fines de los ’70 y se restringe a los asalariados de las microempresas, y el carácter de empleados precarios se los da básicamente la ausencia, como en la actividad informal en general, de protecciones y regulaciones a su actividad (50).

En nuestro país el desarrollo del empleo precario comienza a ser parte de la agenda social en la década de los ’80 a partir de la fuerte expansión de los asalariados no registrados, superando a principio de los ’90 el 30% del total de los asalariados. El registro del fenómeno abrió el debate sobre la necesidad de eliminar la rigidez en las relaciones contractuales en la medida en que la "flexibilidad" se impuso con las fuerza de los hechos. Así las cosas y, con el argumento de reducir el empleo en negro, se sostuvo que es el alto costo laboral que obliga a una serie de aportes patronales para sostener la seguridad social la principal causa del no registro de los asalariados. Se inició, de esta manera, un doble proceso: por una lado de "flexibilización externa" que comenzó con la dictadura militar consistente en restar poder a las organizaciones sindicales, "flexibilizando" los derechos colectivos del trabajo y tuvo como objetivo principal "desregular" las condiciones de ingreso y salida de la relación laboral, en este sentido uno de sus objetivos fue terminar con los contratos por tiempo indeterminado. Por otro de "flexibilización interna" que operó a nivel de la "fábrica": la idea era crear un trabajador polivalente que en su versión positiva implica una cierta presión para la capacitación y en su versión negativa una subordinación del trabajador a las necesidades de las empresas (51).

Otro aspecto de la precarización laboral se asocia a la "retirada del Estado" como árbitro, según una concepción liberal clásica, en la relación entre el capital y el trabajo. Dos ejemplos relacionados : la provincialización de los servicios de inspección del trabajo, por la reducción de los gastos administrativos nacionales, condujo a un deterioro de los mecanismos de control del cumplimiento de las legislación laboral y por otro lado oficialmente parece prevalecer la idea de que el gobierno no debe defender a los trabajadores "más de lo que lo hace el sindicato" de manera tal que las inspecciones funcionan más por denuncias de los trabajadores afectados que por "oficio" .

¿Cómo fueron operando todos estos aspectos en la transformación del SIU en la Argentina de los últimos años?

Si tenemos en cuenta la tesis funcional se puede destacar en primer lugar un vínculo entre los procesos de subcontratación y tercerización, tendientes a incrementar la competitividad a partir de la disminución de costos por parte de las empresas del sector formal. Por otro lado se produjo el incremento de la expulsión de empleo y la precarización del mercado de trabajo, así se generó un nuevo espacio dentro del SIU tradicional, una especie de SIU productivo cuya característica es formar parte de la lógica de acumulación de las grandes empresas (Giosa Zuazua, 1999: 204). En años más recientes 1997/98, se ha verificado, en momentos de caída de la tasa de crecimiento del producto, un sorprendente incremento de la tasa de empleo y una disminución de la tasa de desempleo abierto. Esta paradoja de la economía argentina se explica por las interacciones entre el SIU y el sector formal: lo que a nivel de las estadísticas figura como creación de empleo, en realidad está encubriendo la expansión del SIU con la generación de puestos de trabajo precarios por personas que no pueden permanecer en carácter de desocupados.

En un trabajo tipo etnográfico sobre trayectorias laborales, consultado para el tema, se hace una ilustrativa descripción del mundo de la desocupación y la informalidad laboral entre ex asalariados del sector formal, desde una perspectiva que puede ser considerada de la marginalidad y la exclusión. Interesa destacar las categorías más relevantes que los autores construyen y que permiten acercarse, aunque sea de forma aproximada, a la complejidad y profundidad del irregular universo del trabajo en el sentido más sociocultural del término (52):

Comenzando con el sector de los desocupados : Los autores identifican un subgrupo con la característica de la desocupación clásica : "desalentados con capital social", son los que quedan afuera del MT por edad pero que a la vez por la misma razón poseen suficiente "capital social" consistente en sus vínculos familiares, sobre todo hijos adultos dispuestos a sostenerlos. La situación no se vive de manera conflictiva sino como "un principio de solidaridad intergeneracional". Existen, sin embargo, en esta categoría problemas de integración social, la pérdida de los lazos laborales puede llevar a la "desafiliación social" en un contexto de escasa o ausente cobertura estatal lo que aleja al caso argentina del modelo clásico de desocupación obrera propio de los países centrales (53). En los últimos años los relevamientos censales han mostrado una permanencia en el tiempo cada vez mayor (no menos de seis meses) en el status de obrero desocupado, así como también un empleo original del sector formal. Este grupo debería ser objeto de políticas públicas, por supuesto a través de los seguros de desempleo pero también con actividades tendientes a "sostener psicológicamente" al trabajador sin empleo. Tal vez esto último depende más de la acción coordinada con los sindicatos (54).

Otra categoría dentro de los desempleados es la constituida por lo que los autores llaman el desempleo diferido: son por lo general jóvenes que retoman o inician carreras profesionales para incrementar su "capital cultural" y mejorar su posicionamiento en futura oportunidades laborales. En este caso las políticas públicas deberían ayudar para guiar el esfuerzo de formación.

En relación a los informales los autores diferencian dos subgrupos principales:

Los informales con capacidad de acumulación. Aquí se encuentran trayectorias laborales que vienen del sector formal, con una mayoría de las actividades comerciales, detentan un importante dotación de capital humano (en general con una educación formal secundaria o terciaria incompleta) muy determinante para su inserción el en sector informal. Es una fuerza de trabajo relativamente calificada capaz de implementar estrategias de diversificación. Por otro lado cuentan con un fuerte "capital social" en forma de un red de relaciones y amistades producto de su pasaje, en general durante muchos años en una actividad continua, por el sector formal. Los más jóvenes representan un subtipo, que ingresa a la informalidad con un proyecto de futuro, representan la parte del SIU más volcada a la realización de un proyecto personal y autónomo "sin patrón y sin horarios". Aquí las políticas públicas deberían tener la forma de asesoramiento técnico y apoyo financiero.

Por último los informales de subsistencia: con niveles de ingreso para la subsistencia familiar, con un capital humano bajo (la educación formal llega en su mayoría hasta la primaria completa) y un capital social limitado (sin acceso a redes específicas ni a fuentes de financiamiento más o menos formales), sus trayectorias laborales son intermitentes con mucha informalidad y escasa o nula formalidad. En este sentido el grupo puede valorar positivamente la práctica de la informalidad y en todo caso el pasaje del SF (Sector Formal) al SIU (Sector Informal Urbano) no es vivido como una experiencia traumática. Aquí las políticas públicas deberían atender a los déficit tanto de formación como de falta de capital, pero además el estado debería controlar las "condiciones ambientales" donde las actividades informales de subsistencia se desarrollan (extensión de la jornada laboral, calidad de los lugares de trabajo, higiene, entre otras).

Todas estas "políticas particularistas" dirigidas a atender la heterogeneidad presente en el mundo del empleo informal no pueden perder de vista la necesidad de sostener las políticas universalistas, como por ejemplo el sostenimiento de un sistema educativo formal que capacite para el mercado de trabajo, según las características que éste presente.

De lo expuesto, como conclusión final, es posible afirmar que según los diferentes autores, las tendencias del MT en la Argentina de fines de los años ’90, se explican por la perdida de centralidad del SIU en su versión más tradicional ( de acumulación); en efecto, la pérdida de espacio, se debió a una serie de cambios a niveles micro de la economía que dan idea aproximada del fenómeno: por ejemplo con el hipermercadismo (que impactó en la actividad comercial de pequeña escala: las almacenes de barrio, pequeños comercios en general) o la paulatina inviabilidad económica de ciertos oficios ( oficios vinculados con el proceso de acumulación anterior de industrialización por sustitución de importaciones, como por ejemplo, las reparaciones de electrodomésticos, u oficios como tornería, carpintería, entre otros ). De esta manera, como pauta central el desempleo abierto y la precariedad laboral se extienden por todas las áreas del mundo del trabajo operando a nivel de la formalidad/informalidad privada e incluso a nivel de la formalidad pública.

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II.6-La crisis del modelo y las consecuencias político sociales

Si es necesario efectuar una evaluación general de las consecuencias sociales del modelo de los 90, deberíamos concluir que los beneficiarios y las víctimas no depararon sorpresas. Los primeros, pocos, concentrados y organizados (grandes grupos económicos nacionales y el capital extranjero) y los segundos, muchísimos, desorganizados y dispersos (sectores populares y amplias franjas de las capas medias).

La adhesión abierta a los postulados neoliberales fue el sustento ideológico donde se cimentó la tan mentada reforma del estado, cuyo instrumento más conocido fue la privatización de las empresas públicas y la desregulación de las actividades económicas, frente al papel anterior que asumía el Estado, como el control de precios y la intervención en los mercados. El rol del estado cambió de manera radical, porque perdió capacidad de control (incluso respecto a los servicios privatizados), entre otras consecuencias, que terminaron definiendo el traslado al mercado del rol de asignar recursos. Un estado constituido de esa forma se autoexcluyó de sus posibilidades (y deberes) de preservar los derechos ciudadanos y de responder a las demandas de la sociedad. Esto redundó en el cuestionamiento de la legitimidad del estado como garante del bien común y del papel mediador de los partidos políticos y de la clase política en general, lo que acrecentó el malestar de la sociedad hacia el sistema político y hacia la política misma, en lo que podría definirse como una clara crisis de representación política.

La exclusión en sus variadas manifestaciones define un proceso que bien puede ser calificado como de una profunda crisis de socialización, tal como ya se ha expresado. Ésta se manifiesta en la conformación de una nueva lógica de organización social, donde la privatización de lo político y la preeminencia de la economía divorciada de la ética del bien común se constituyen en los rasgos decisivos de la Argentina de los 90, caracterizada por la lógica de la exclusión social. Esta experiencia genera una sociedad fragmentada, basada en la premisa del "sálvese quién pueda".

Asociado a los cambios operados a nivel de la política interna tenemos que incluir a la nueva estructuración del ámbito del trabajo en la tendencia que se viene manifestando en el mundo desde la década de 1980 con el avance de la globalización. Las principales consecuencias han sido la exclusión social, la precarización laboral y la caída de los derechos sociales. A lo largo del reciente proceso de transformación de la economía y el Estado, se produjeron reformas en la legislación laboral que anularon garantías previamente existentes.

El sindicalismo fue llevado a posiciones defensivas que no pudieron evitar el deterioro de las condiciones de los trabajadores. En cambio algunos privilegios han favorecido a algunos sectores de la dirigencia sindical, que ingresan en una forma de pacto implícito con el gobierno de Menem. El sindicalismo se adapta entonces a la modernización promovida por el Poder Ejecutivo. De esa manera al perder los sindicatos su capacidad de negociación y de confrontación, se ven aparecer nuevas formas que participan por afuera del sistema institucional para la canalización de demandas.

Surgen nuevos movimientos sociales que vehiculizan la protesta social (55) (cortes de ruta, asaltos a gobernaciones, entre otras), que a su vez han recibido una fuerte cobertura de los medios de comunicación. Las protestas así canalizadas son la muestra de la profundización de la crisis de representación, que se evidencia en la mayoría de las instituciones políticas y gremiales. Con una fuerte presencia directa de los actores, donde incluso se toman decisiones en Asambleas, que implican una forma novedosa de democracia directa.

En definitiva es posible afirmar que el advenimiento de una nueva ciudadanía es la consecuencia de un proceso de desinstitucionalización, es decir del debilitamiento de los lazos organizacionales y de las identidades adscriptas, hacia formas institucionalizadas. Pero sobre todo es una crisis de la "voluntad política" de cambio desde las organizaciones populares (reformistas o revolucionarias) que ha sido sustituido por los discursos societalistas, alternativos tanto a la intervención estatal (también en crisis) y las regulaciones públicas, que a su vez tiene su correlato con la idea de sustitución de la política por la administración gubernamental a través de los tecnócratas (56).

Todavía falta saber, si esta reacción contra los partidos políticos tradicionales y contra la tecnocracia, desde una protesta social que tuvo su momento culminante en los acontecimientos de diciembre de 2001, será capaz de articular una nuevo vínculo entre política y sociedad civil.

En este marco, donde frente a la falta de trabajo, falta de una perspectiva de futuro a nivel de la integración social y la" inseguridad" en términos generales, surge y se desarrolla una opción considerada por muchos como posible y necesaria: la posibilidad de irse del país. Muchos argentinos han decidido emigrar bajo estas condiciones que ofrece (o niega) la Argentina, lo que aparece como una salida posible,- que muchas veces se coloca con una centralidad tal-, que bien puede presentarse como la "única salida".