Según los estudios realizados por Barcelo Pons, J.Mascaro Pasarius(coord.), E.Fajarnes Tur, Joan Carles Cirer recogidos por Bartolomé Escandell se han distinguido tres etapas en la evolución demográfica insular del siglo XIX. En la etapa anterior a 1870 se disponen de balances negativos de población que reducen en dos quintas partes los aumentos que daba el crecimiento natural caracterizado por una alta natalidad y mortalidad propias del antiguo régimen. En ese período, la emigración se dirigió a Francia y Argelia a tal punto que, entre 1835 y 1849, la salida de menorquines hacia Argel "dejo la isla medio despoblada" con una emigración de casi 17.000 personas.

En la etapa entre 1870 y 1880 existe un crecimiento vegetativo que lleva a consecuencias emigratorias fuertes, coincidiendo con una coyuntura industrial regresiva que no pudo absorber laboralmente los excedentes.

En la tercera etapa, la finisecular de 1887 a 1900, continuó la dificultad de absorber laboralmente el crecimiento biológico que determinó nuevamente una fuerte emigración vinculada a circunstancias regionales. La crisis agrícola derivada de la filoxera destruyó las cepas baleares y afectó las exportaciones vinícolas provocando una importante crisis económica que determinó la salida de la isla hacia América, lo mismo que en la etapa anterior.

Las causas económicas de la emigración, según Bartolomé Escandell, se basan en la fuerte incidencia de las tasas de desempleo y los bajos salarios agrícolas, situados entre las 2,25 pesetas (Sineu), 3,50 (Pollensa, Santa Margalida.etc.) o 4 (Felanix, Manacor, Inca, Artá), aunque la intención de promoción personal y anhelos de mejora en la posición social también incidirá en la toma de decisiones. Barceló Pons establece, en relación con la corriente emigratoria balear, que es la tercera dentro de las provincias españolas en los índices dada por la coyuntura depresiva finisecular, y que en los años 1889 y 1895 las causas se deben a la crisis económica que determina ya en 1889 la primera emigración masiva. La mala situación del pequeño propietario agrícola cargado de impuestos, la miseria del jornalero al servicio de los grandes propietarios hará que esta gente quiera liberarse, huir de la tierra que los esclaviza y abandonar los señores dueños de las fincas. En estas circunstancias llegan a Mallorca contratistas de mano de obra de Argentina y Chile, los cuales predican una tierra de promisión. "Entre 1890 y 1895, entonces, la crisis vinícola y de la industria textil y del calzado provocaron la emigración..."

La estructura cronológica de la emigración balear en el siglo XX tuvo varios momentos según el mismo Escandell:

1) El primer decenio del siglo (1900–1910) se caracteriza por presentar un saldo emigratorio negativo (12603 personas) más pronunciado en Mallorca y en Ibiza 2) Entre 1910 y 1920 existe una sensible contracción de la riada emigratoria (solo 6.818 personas); muchas de estas personas llegaron al Río de la Plata; 3) Entre 1920 y 1930, los saldos migratorios se convierten en positivos para el archipiélago en general aunque negativo para Menorca; 4) En los años 1930–40 los saldos positivos caracterizan a todas las islas pero especialmente a Mallorca e Ibiza debido al regreso por la crisis del año ‘29. 5) La década del ‘40 al ’50, por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, presenta un saldo emigratorio negativo de 4.418 personas. 6) Después de 1955 el saldo es positivo, decrece notoriamente la emigración y se produce el fenómeno del regreso casi masivo a partir del año 1970 de baleares a las islas, llevados por el boom turístico.

El Río de la Plata fue uno de esos lugares que durante los años 1860 y 1930 recibió el alud migratorio mediterráneo. Aunque la realidad marcó que Buenos Aires acaparó la mayor parte de esos inmigrantes que se extendieron luego por todo el país llevados por distintos estímulos, Montevideo se quedó con algunos de estos inmigrantes a pesar de que la estructura pastoril retacea posibilidades limitadas por el latifundio, la ganadería extensiva, una precaria explotación agrícola y un casi nulo desarrollo industrial.

La ciudad y el campo uruguayos acogieron un tipo de inmigración acorde con esa realidad: pequeños comerciantes, agricultores auténticos o improvisados, mano de obra excedente de centros urbanos y rurales europeos cuyo impacto demográfico se registró, con desigual afluencia a lo largo del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX.

Podemos hablar, según lo expresa el Prof. Carlos Zubillaga, "que el proceso inmigratorio en sentido estricto, en cuanto a desplazamiento masivo o persistente de grupos humanos desde el país de origen al que se eligió como nuevo asentamiento (con pertenencia) recién puede ubicarse en Uruguay a partir de la configuración como entidad independiente (jurídica y políticamente) a partir de 1830".

El Uruguay contaba en 1830, en los comienzos de su vida independiente, con una población cercana a los 74.000 habitantes en un territorio de 187.000 kilómetros cuadrados, es decir un país desolado demográficamente con 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado, con el 18% de esa población en Montevideo. Un país casi sin habitantes nativos exterminados en diferentes etapas de la colonización y de la vida independiente, generando un vacío del substracto humano original de etnias indígenas débiles para contrarrestar la fuerza en la hegemonía de tierras y espacios geográficos, hecho de vital importancia para la formación de una nación independiente.

Sin embargo, 100 años después, la cifra primera de los habitantes se había multiplicado por 25.7% llegando a tener la República cerca de 1.903.083. Queda claro que un crecimiento vegetativo natural no puede alcanzar esa cifra en tan poco tiempo, por lo tanto, los factores que parten del fenómeno migratorio comienzan a pesar en forma contundente.

En 1833 encontramos la primera y significativa oleada de inmigración real constituida por 180 canarios a los que en ese año se unieron otros 700, transportados por una goleta española, a la que siguieron llegando en varios bergantines más, canarios, vascongados y navarros. Se aprecia a partir de entonces una sensible afluencia formalizada por los gobiernos del momento que vieron una corriente humana que constituía un futuro de prosperidad, anticipando una fisonomía cosmopolita de la capital y puerto de Montevideo.

Se pueden establecer, según diversos autores, cinco ciclos de inmigración española que se corresponden exactamente con los incrementos de la inmigración de los baleares y los extranjeros en general: 1866–1868, 1883–1892, 1907–1912, 1919–1931 y 1948–1956, con épocas de contracción debido a los problemas internos generados en Uruguay en el ámbito de las crisis políticas –revoluciones de 1896–97, 1903–04– y económica de 1890.

Se puede decir que entre 1852 y 1890 se produjo el ingreso a las formas más avanzadas de la civilización industrial que instala para el país la senda del progreso europeo, apuntalado por variadas inversiones de capital, por una mayor organización estatal y afirmación de la soberanía. Bancos y crédito, ferrocarriles y teléfono, aguas corrientes y luz eléctrica, tranvías, caminos y alambrados, maquinaria agrícola e inmigración a granel serán los instrumentos según J.Oddone adecuados para "insertar la monocultura rioplatense en los cuadros de librecambio mundial, que incluirá también las cadencias cíclicas de prosperidad y depresión".

Lejos de todo plan racional, obedeciendo por lo general a exigencias del interés particular, los sucesivos saldos migratorios que arrojó el país no respondieron a las necesidades de un armónico desarrollo.

Pero aún mediando circunstancias adversas, derivadas de la inestabilidad política y las dificultades económicas, el censo de 1860 permite algunas constataciones interesantes. La población general del Uruguay aumenta de 131.969 (1852) a 221.243 (1860) e incluso en 1868 encontramos una población de 385.000, mientras que Montevideo pasará de 33.994 a 57.861 en 1860 para tener ocho años después 126.000, dentro de los cuales encontramos un 48% de extranjeros. De estas cifras, el 73,75% eran europeos, el resto americanos particularmente brasileños y argentinos, a lo que agregaremos que entre italianos y españoles se llegaba al 64.70% del total de extranjeros.

A fines de 1865, la creación de una comisión de Inmigración, adscripta a la Dirección de Estadística, impulsa la acción de fomento y protección del elemento extranjero con activa propaganda apoyada por los cónsules uruguayos en los puertos y ciudades mediterráneas para atraer inmigrantes al país. Promovido por tales solicitudes, se abre un período de afluencia continua y heterogénea que señala cambios importantes en el proceso migratorio. Esta inmigración básicamente italo–española introduce al país, además de jornaleros y agricultores, un aluvión de población trashumante de villas y muelles sin ocupación que buscarán la vida haciendo changas, como vendedores ambulantes, trabajadores zafrales sin un afincamiento real. Entre los españoles apuntamos una cifra cercana a las 2.534 personas.

Don Pedro A. Bernat, periodista mallorquín afincado en Uruguay desde 1869 –del que luego nos ocuparemos–, en su diario La España, el 31 de diciembre de 1880 expresaba, en relación al tema de los agentes de inmigración en Europa: "... en materia de inmigración, creemos que lo más útil y conveniente es lo espontáneo; así como creemos también que muchas veces con la mejor intención del mundo, en vez de favorecer perjudica, la intervención oficial..."

"...el mejor agente de inmigración, debe ser el país mismo: donde reine el orden y puedan desarrollarse el trabajo y la riqueza...."

Entre 1867 y 1876 entraron 154.223 pasajeros, de ellos 16.367 solicita empleo en la Comisión resultando que casi la mitad carecía de profesión, generando una situación caótica en relación a la organización laboral que se pretendía. No obstante el crecimiento fue positivo dado que el contexto era favorable.

Desde 1875 inmigrante y Montevideo se tornan sinónimos por dos motivos: por ser puerto de desembarque trasatlántico de los extranjeros, único centro político, burocrático, comercial e industrial del país y por el rechazo sostenidos del medio rural. Por tanto en esa fecha la inmigración en Uruguay es un hecho urbano–capitalino. Según el censo montevideano de 1889 habitaba en la capital un 35% de la población del país donde por cada 1000 habitantes 531 eran uruguayos y 469 eran extranjeros. La distribución por nacionalidad comprueba que el 33% eran españoles.

En estos tiempos el papel de la emigración fue fundamental. Unos 8.000 emigrantes se incorporaban al Uruguay desde 1861. Tal vez la cifra más aproximada sea de unos 50.000 extranjeros entre 1860 y 1868, en su mayoría italianos y españoles.

En 1865 creó el gobierno del presidente Flores una Comisión adscripta a la Dirección de Estadística, encargada de proponer "todo lo concerniente al fomento y establecimiento de los inmigrantes." Esa comisión presentó al año siguiente un plan de contratación de 10.000 inmigrantes y, para llevarlo a la práctica, solicitó la cantidad de 330.000 pesos. El gobierno condicionó dicho plan al mejoramiento del Erario. También se preocupó la Comisión de hacer conocer todos los datos necesarios para estimular la venida. En una de sus circulares a los cónsules europeos aparecen los datos relativos a salarios: albañiles, oficiales 15 a 20 reales por día; albañiles peones 9 a 12 reales por día; peones de barraca 10 a 12 reales por día; carpinteros oficiales 1 a 3 pesos por día; herreros oficiales 2 a 3 pesos por día; panaderos oficiales 30 pesos por mes; panaderos peones 15 a 20 pesos por mes; servicio doméstico 10 a 20 pesos por mes con casa y comida.

Al finalizar el año 1866 el periódico El Siglo destacaba que de mil y tantos emigrantes desembarcados en diciembre, ni uno solo había ingresado en el alojamiento de la Comisión, prueba que había llegado al país con colocación preparada de antemano o en situación de obtenerla con rapidez.

El crecimiento mercantil, la industria de la construcción en progreso constante, la actividad portuaria y la navegación de cabotaje muy intensas, hizo de Montevideo una ciudad de extranjeros, con 60% de la población del país en 1868, que le permitió crecer y consolidarse como capital. En tres años se construyeron más de 900 edificios entre los que figuraban: El Gran Hotel Oriental de varios pisos, con 150 habitaciones, la Bolsa de Comercio, Casa de Correos, dos mercados nuevos, el del Puerto y el Central así como se procedió al empedrado de 470 calles.

A este período de bonanza continuó otro de crisis hacia 1890, recayendo una vez más sobre los inmigrantes, muy sensibles éstos a la restricción del crédito, disminución del consumo y paralización comercial.

Junto con esta crisis, el Poder Ejecutivo promulga el decreto–ley 2096 del 19 de junio de 1890 organizando los resortes de la política inmigratoria, en relación a facilidades iniciales, concesión de pasajes, exención de impuestos a los buques–inmigrantes, discriminaciones sanitarias o raciales, diligencias de desembarco y alojamiento así como reglamentando los aspectos vinculados con los agentes consulares, los medios de información y propaganda. Pero si bien todo apuntaba a facilitar el ingreso de los inmigrantes en las mejores condiciones, terminó siendo una reglamentación policial en gran escala más que una intervención racional del Estado.

En esta ley se determinaba como inmigrante a "todo extranjero honesto y apto para el trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay, en buque de vapor o de vela, con pasaje de segunda o tercera clase y con ánimo de fijar su residencia en ella." Como se ve en esta disposición está determinando el tipo de inmigrante según sus posibilidades de viaje. Aunque cabe destacar que no todas las emigraciones coincidían en este punto, mientras que la legislación uruguaya como vemos establece que era emigrante quién se embarcaba en segunda o tercera clase, como la legislación argentina de 1876, la italiana de 1901 y la misma española de 1907 consideraba emigrante aquel que viajaba solo en tercera clase. Pero en esta tercera clase aparece una variedad ocupacional que no se puede establecer en forma universal a la media dominante, sino que las proporciones entre las diferentes ocupaciones preponderantes, varía en cada caso al igual que la proporción relativa de sexo o grupo de edad.

Otro de los aspectos a considerar era que para que el inmigrante pudiera integrarse de manera inmediata apenas se realizara su entrada en el territorio se lo exoneraba de todo impuesto de sus prendas de uso, vestidos, muebles de servicio doméstico, instrumentos de labranza y herramientas o útiles de su oficio. También era gratuito el desembarco con todo su equipaje, así como las diligencias para su colocación en el trabajo de su elección. Para los inmigrantes con pasaje anticipado se les daba además alojamiento y sustento gratuito durante los primeros ocho días posteriores a su llegada en el Hotel de Inmigrantes, más el traslado de su equipaje sin costo a cualquier punto del país donde fijara su residencia. En relación con el anticipo de pasajes se registra en la ley que la Asamblea General al votar el presupuesto de gastos debía fijar una suma destinada al anticipo de pasajes de tercera clase para inmigrantes que vinieran a establecerse en el país. El reembolso de los anticipos de pasajes se debía verifica en dos años y medio, a contar desde la llegada del inmigrante, por "cuotas semestrales de 20 por ciento de amortización y el interés del 6% anual."

Cabe destacar que los boletos de pasajes anticipados daban derecho a emprender viaje durante seis meses, contados desde la fecha de su otorgamiento. El inmigrante que llegara con boleto de pasaje anticipado debía firmar a su llegada como deudor solidario el vale suscrito por el solicitante y dicho vale, previa consignación de la fecha que había quedado en blanco, sería endosado por el Director de Inmigración y Agricultura a favor del Banco Nacional. En caso de no cumplirse con las obligaciones se tomaban acciones en contra de los deudores.

Otro dato interesante es el vinculado a los buques conductores de inmigrantes que gozaban en los puertos del Uruguay de mayores franquicias y liberalidades que se concedían habitualmente a los vapores de ultramar. Asimismo los capitanes de los buques conductores de inmigrantes no podían embarcar con destino a la República, en calidad de inmigrantes, o con pasaje de 2ª. o 3ª clase : "ni enfermos de mal contagioso, ni mendigos, ni individuos que por vicio orgánico o por defecto físico sean absolutamente inhábiles para el trabajo, ni personas mayores de sesenta años". Se desprende claramente las limitantes de carácter físico que imposibilitarán la posibilidad de trabajar aunque se aceptaba el desembarco de personas inhábiles o sexagenarias que acompañaran a la familia de inmigrantes, compuesta al menos por cuatro personas útiles para el trabajo. En caso de enfermedad grave de los inmigrantes contraída durante el viaje o en la estadía en el Hotel de Inmigrantes los gastos de alojamiento, manutención y asistencia médica eran por cuenta del Estado, aún vencido el plazo acordado.

La Dirección de Inmigración y Agricultura era la agencia de trabajo para proveer las necesidades de mano de obra de la industria nacional.

Como expresamos anteriormente, esta ley estableció también discriminaciones raciales dado que prohibía la inmigración asiática y africana y a individuos generalmente conocidos con el nombre de "húngaros o bohemios". La infracción se penaba con una multa de 100 pesos por cada uno de los individuos indebidamente desembarcados más el reintegro al puerto de origen.

Aunque fue el inicio de la inmigración reglamentada por el Estado, la realidad llevó en poco tiempo a la supresión de la Comisaría General de Inmigración vistos el abatimiento de la corriente inmigratoria del momento y la indigencia de recursos del Estado. Vemos aquí la visión de Don Pedro Bernat que en su editorial anticipó el desastre de esta reglamentación.

En el novecientos un inmigrante europeo con tesón y suerte podía convertirse en propietario en Montevideo, pero era prácticamente imposible en el interior del país. Sólo un 6.46% de los inmigrantes estaba ocupado en el campo, con la imposibilidad de ingreso a la tierra como propietario, arrendatario o medianero. De este porcentaje muchos extranjeros se dedicaron a la explotación lanar, pero de entre los españoles, vascos franceses, italianos y alemanes solo algunos pudieron llegar a ser propietarios primero de majadas de ganado lanar y luego propietarios de la tierra. Curiosamente en Argentina el fenómeno no se dio de esta manera porque incorporó hombres de otros países, ya sea como trabajadores zafrales o propietarios.

¿Cuál era, entonces, la fuente laboral? La mayoría de los extranjeros que declaró oficio, un 62%, lo realizó en los rubros del pequeño comercio y la industria. En estos sectores económicos la mayoría de los españoles y también los baleares podían ascender y aún dominar, basándose en la perseverancia, algún nivel mayor de conocimiento técnico que el presentado por el medio y el escaso capital que al comienzo requería el artesanado o el almacén.

Obrero, artesano, pequeño comerciante e industrial fueron los escalones transitados para el ascenso del inmigrante en general y balear en particular dentro de la sociedad receptora eminentemente urbana más que los difíciles y a veces casi imposibles ofrecidos por el medio rural. Colonias baleares, relativamente importantes en el interior del país, fueron ubicadas en el departamento de Salto y en departamento de Colonia, aunque poco se conoce al respecto. En estos años, los extranjeros que eran el 46.84% de la población montevideana controlaba el 82.23% de los comercios y el 55.58% de sus capitales con el 68% del personal y el 85% de las industrias con el 79% de sus capitales logrados en base a la acumulación de capital por medio del esfuerzo y el sacrificio. Lo más transitado fue el comercio al por menor (panaderías, almacenes minoristas) y ciertas áreas de servicios (la estiba, servicio doméstico, costura en pequeñas fábricas, hotelería de paso).

En Montevideo, el número de propietarios según José Pesce, era de 8251 discriminados en 2864 nacionales y 5387 extranjeros entre los cuales se encontraban 2400 italianos y 1584 españoles. Y en todo el país había en 1880 39.649 propietarios de los cuales 21.893 eran extranjeros y entre ellos 6.l50 eran españoles con un capital total en pesos de 27.152.185. En ese momento había en Montevideo tres Bancos por medio de los cuales "se pueden remitir fondos, con la más completa seguridad, a todas las plazas del exterior." Recordemos que en Montevideo había una oficina de Inmigración que fue fundada en el año 1867 que prestó servicios al emigrante que se quería poner al servicio del Director de dicha oficina, quién le proporcionaba toda la información y tratará de buscarle un trabajo retribuido. Además de la existencia de un Asilo de emigrantes costeado por el Estado que proporcionaba alojamiento y manutención mientras no encontraba trabajo. En el año 1883, la oficina de emigración asiló a 1274 individuos de diversas nacionalidades dando colocación en la ciudad a 593 y en el campo a 558. Entraron en ese año 1120 labradores y 9964 personas de otras profesiones.

Otro aspecto interesante a considerar, expresado por José Pesce, son los salarios distribuidos de la siguiente manera: labradores 60 a 120 francos mensuales con casa y comida, jornaleros y peones 80 a 100 francos con alojamiento y manutención, cocineros 95 a 134 francos con casa y comida, cocineras 75 a 125 francos, sirvientes o criados 50 a 80 francos mensuales con casa y comida, dependientes de comercio 100 a 150 francos mensuales, niñeras 30 a 75 francos mensuales.

En relación con el valor de la moneda hay que destacar que una libra eran 25 francos. En monedas de oro 100 francos eran 18.66 libras, 50 francos eran 9.33, 20 francos eran 3.73, doblón de 100 reales o de 10 escudos de España eran 4.82 así como Alfonsines de 25 pesetas valían 4.66. El peso uruguayo equivalía en regla general, según el cambio, entre 5.20 y 5.35 francos.

Los comestibles tenían los siguientes precios: carne de vaca de primera calidad (kilo), 12 centésimos, pan blanco (kilo) 10 cts., harina de trigo (kilo) 9 cts., harina de maíz 10 cts., grasa (kilo) 24 cts., arroz (kilo) 4 cts., fideos (kilo) 14 cts., azúcar (kilo) 18 cts., azúcar de segunda (kilo) 12 cts., café (kilo) 60 cts., vino (litro) 18 cts., leche (litro) 12 cts., velas de sebo (kilo) 25 cts., jabón (kilo) 12 cts., sal gruesa (kilo) 5 cts., tabaco (kilo) 70 cts., aceite (litro) 40 cts.

En esta época el gobierno había marcado las condiciones que debía reunir el emigrante; se establecía que "el emigrante que desee prosperar, ser bien visto y considerado por el Gobierno y por todos los habitantes, debe ser respetuoso, laborioso, económico, obedecer a las leyes y a las autoridades locales, y a los que representan á su patria en la República...