Federico Aguilera Klink
Departamento de Economía Aplicada
Universidad de La Laguna

El agua es un recurso natural que satisface unas funciones ambientales y, al mismo tiempo, un factor de producción usado en las actividades llamadas económicas. Esto significa que el agua es, fundamentalmente, un activo ecosocial y que el mantenimiento de las actividades económicas depende del mantenimiento de las funciones ambientales y de la calidad del agua y viceversa. El que el agua se gestione prestando atención al mantenimiento de las funciones ambientales e indirectamente a un uso económico o, por el contrario, a un uso económico que ignore las funciones ambientales, depende del conflicto entre intereses monetarios y valores ambientales y sociales. Las tres opciones posibles a las que nos enfrentamos como resultado de ese conflicto son las siguientes:

1. Más embalses y trasvases
2. Gestión de la demanda
3. Gestión integrada del agua y del territorio

La primera es una opción en la que el problema del agua se reduce, deliberadamente, a que llueve poco y a que la "demanda" de agua -que está relacionada fundamentalmente con la cantidad- se obtiene extrapolando los consumos (incluyendo las pérdidas en las redes). La "solución" está cantada y consiste obviamente en construir más embalses y trasvases desde las zonas "húmedas" a las "secas". Los supuestos de esta opción son bastante discutibles actualmente pues se acepta sin más que seguirán existiendo disponibles los suministros actuales y a los precios actuales, que no habrá cambios tecnológicos en los sistemas de riego, ni en los de suministro (depuración, desalación), que se mantendrán las ineficiencias o derroches (pérdidas en las redes de distribución) y que los consumos son equivalentes a las necesidades o a las "demandas".

La segunda opción es un enfoque que presta más atención al tema de la calidad y que, fundamentalmente, rompe con los supuestos anteriores, es decir, rompe con la idea de extrapolación de los consumos e introduce la cuestión de gestionar la demanda de agua, no sólo, ni exclusivamente, con precios y tarifas, sino mediante un cambio en los comportamientos de los diferentes usuarios y gestores del agua, ya sean éstos privados o públicos. En otras palabras, se parte del reconocimiento de que existe un elevado potencial para el ahorro de agua y para una distribución y un uso más eficiente, en un sentido amplio, del recurso, al ser menos costoso ahorrar un metro cúbico que generar uno más. De hecho, si este enfoque si aplicase ya a nuestro país, los borradores de los planes hidrológicos quedarían completamente desfasados.

Finalmente, la tercera opción va más lejos y cuestiona la existencia de una gestión del agua por separado al sugerir que no hay gestión del agua sin gestión del territorio, de la misma manera que no nos apropiamos sólo de recursos sino de ecosistemas. Así pues, se trataría de estudiar el funcionamiento de cada Cuenca hidrográfica y de las opciones de ocupación del territorio y de los estilos de vida que sean compatibles con el funcionamiento de esas Cuencas. La aplicación de este marco exige un cambio en la noción de agua y el reconocimiento de ésta como un activo ecosocial que satisface todo un conjunto de funciones ambientales y sociales dependientes de un contexto cultural. La pérdida o deterioro de estas funciones puede ser de carácter irreversible, lo que significaría la imposibilidad de recuperarlas.

En este último marco -aceptando, por un lado, que las situaciones irreversibles son indeseables y, por otro lado, que existe un elevado grado de incertidumbre sobre las consecuencias (inconmensurables) de tales irreversibilidades- tiene gran interés actuar de acuerdo con el principio de precaución. Esto significa aceptar que existen serios límites al conocimiento científico pero que existe una base científica suficiente para preocuparse y tomar decisiones orientadas a evitar actuaciones irreversibles. En el caso concreto del agua, esto nos llevaría, entre otras cosas, a cambiar las prácticas agrícolas, tanto para adecuar los cultivos a las condiciones climáticas y edafológicas de cada región concreta, como para evitar la contaminación de ríos y acuíferos o a exigir la devolución del agua -por parte de las industrias que la usan- con la calidad que impida la pérdida de las funciones.

En ningún caso se está rechazando el papel que pueda jugar la tecnología ante las preguntas y soluciones que implica este marco, pero tampoco se está diciendo que la tecnología, por sí misma, vaya a solucionar problemas de carácter social y cultural que requieren cambios en los procesos de producción y consumo. Por eso es necesario abrir debates públicos sobre las culturas del agua que permitan reconocer y percibir las cuestiones e implicaciones relacionadas con este recurso y con los distintos marcos o perspectivas bajo las que se puede plantear su gestión. Se trata, en suma, de identificar en qué opción nos encontramos actualmente en España y si realmente dicha opción es mantenible desde un punto de vista social, ambiental y económico. Tampoco estoy sugiriendo que para llegar al tercer marco haya que pasar una larga temporada en el segundo, como si fueran etapas inevitables. Entiendo, al contrario, que ante la situación en la que nos encontramos se hace necesaria una fusión gradual de los dos últimos marcos, gestión de la demanda y gestión integrada del agua y del territorio. Hay que aceptar que estamos en un momento en el que es necesario plantear nuevas preguntas ya que las viejas respuestas ya no son respuestas sino que constituyen serios problemas.