La lucha por el control del agua

Los tratados del comercio global se convirtieron en la herramienta más importante para las multinacionales del agua. El Tratado de Libre Comercio para el Norte (NAFTA), el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) definen el agua como una Mercancía. En este contexto las empresas multinacionales disputan el manejo y rentabilidad de los servicios del agua.

En el primer nivel por área de influencia y capital se encuentran dos empresas francesas Vivendi Universal con presencia hasta el 2002, en 90 países. La otra empresa es Suez Ondeo que hasta el 2.002 hacía presencia en 130 países (3).

En el segundo nivel se encuentra la empresa estadounidense Neron Azurix y Bechtel expulsada por el pueblo de Bolivia en abril del 2.000.

En el tercer nivel están las empresas de capital inglés Severn Trent, Anglian Water y Kelda (Yorshire Water) con presencia en China, Alemania, Canadá y Holanda, y la estadounidense Water Works Company.

La privatización por el embotellamiento de agua es otro próspero negocio. Cuatro transnacionales (Coca-Cola, Pepsicola, Nestlé y Danone), controlan gran parte de este proceso. Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo que les costó conseguirla.

En el Reino Unido, la Agencia del Medio Ambiente señaló a muchas de estas empresas privadas de servicios públicos como las más dañinas del entorno. Anglian Water, Northumbrian Water, Severn Trent Water, Wessex y Yorkhite Water, fueron denunciadas con éxito, 128 violaciones que comprendían desde filtraciones de agua hasta depuraciones ilegales de aguas fecales. Por su parte, empresas como la Betchel y Enron realizaron respectivamente 730 y 75 vertimientos de sustancias peligrosas entre 1990 y 1997 en Estados Unidos, de acuerdo a la Agencia del Medio Ambiente –EPA-.

En Inglaterra, el Instituto Regulador del Agua exigió a las empresas –filiales de Suez- que operaban el servicio de acueducto que redujeran las tarifas del agua y mejoraran la infraestructura del servicio. En respuesta, la empresa anunció que retrasaría los programas de inversión y que no se ajustaría a la normatividad ambiental de la Unión Europea.

La corrupción también forma parte de la operación de estas empresas. Por ejemplo, luego de una investigación judicial en la ciudad de Grenoble (Francia) se encontró que el servicio de agua había sido privatizado en 1989, para recompensar a la empresa Suez Lyonnaise Des Eaux por 19 millones de francos, cifra similar a la donada por ésta a la campaña donde se eligió al alcalde de la ciudad. Los funcionarios del estado implicados fueron a la cárcel y la ciudadanía se le otorgó el derecho de reclamar indemnizaciones cuando considerara que había sido perjudicada (4).

En Latinoamérica sus prácticas son tan o mucho más onerosas. Casos como el conocido en la ciudad de Bahía Blanca -Argentina- en la cual se le otorgó una concesión a Azurix por 30 años, lo confirman. En febrero de 2001, luego de las quejas públicas por su operatividad, la empresa aceptó invertir 30 millones de dólares para mejorar los servicios de suministro de agua y alcantarillado. Sin embargo en julio, dirigió una carta al gobierno de la provincia de Buenos Aires, señalando que la concesión no era rentable y en septiembre el director ejecutivo para América Latina realizó una reunión con el gobernador de la provincia y el ministro de Obras Públicas para pactar las condiciones de la renuncia a la concesión. El diario El Día de la ciudad de Bahia Blanca informó que Azurix demandaría a la provincia de Buenos Aires por la suma de cuatrocientos millones de dólares (5).

En México –país que se pretende presentar como modelo de la privatización del agua-, los casos de Cancún y Saltillo muestran lo contrario. En la ciudad de Cancún, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix. Después de su quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, «las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe». En Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo (6).

Particular situación fue la que se dio en la ciudad boliviana de Cochabamba, donde en años recientes se asentó la empresa Bechtel bajo el membrete de Aguas del Tunari, mediante la concesión para manejar el agua potable. Incumplió con el contrato en todo lo que podía ser favorable a la comunidad, como el mejoramiento de la calidad del agua y la extensión de redes a los barrios populares; en cambio, triplicó el valor de las tarifas y estableció el cobro de valores ilegales. Como burla a la pobreza de los cochabambinos, que a duras penas llenan media canasta familiar, impuso un planillaje de 50 o 60 dólares mensuales. Vino la protesta popular, hubo muertos, heridos, presos; se desató la llamada «Guerra del Agua», y Bechtel tuvo que irse de Bolivia, eso sí demandando al Estado boliviano en 25 millones de dólares «por daños y perjuicios», al amparo de la ley de protección a las inversiones extranjeras, que en el caso ecuatoriano también la blanden amenazante Interagua, como en otro plano lo hacen también la OXY (Occidental) y otras empresas petroleras, si el Estado se atreve a discutir su fatídica presencia en el Ecuador (7).

Lo mostrado hasta ahora en diversos países del mundo es que, el control de la empresa privada es muchísimo más dispendioso e ineficiente que el ejercido por el sector público. Las empresas privadas, amparadas en legislaciones internacionales, violan las normas nacionales e imponen sus criterios, en contra de la soberanía nacional y del poder adquisitivo social.

Con respecto al papel de Estados Unidos de Norteamérica, queda claro cuando la escritora Rosana Lescay en un trabajo reciente titulado "Estrategia geopolítica de Estados Unidos en América Latina", afirma que esta se basa en el control del petróleo, el agua y la biodiversidad. Su política exterior siempre ha estado signada por políticas muy definidas en relación a las áreas en las que están ubicados sus intereses estratégicos.

Estos intereses están mayormente ubicados en le norte, por lo cual América Latina no deja de ser una zona secundaria. Las políticas exteriores en razón de estos intereses capitales van mucho más allá de los gobiernos y administraciones y están definidos en la integridad y estabilidad del sistema. Las orientaciones y acciones dirigidas a los países del hemisferio sur se orientan en general a cubrir las necesidades de corto plazo o coordinadas con las estrategias dirigidas a las zonas prioritarias.

Históricamente el sur del continente fue un socio pasajero y eventual y como consecuencia generadora de importantes inestabilidades en la región.

Para la administración del presidente Bush, la pérdida de competitividad demandó la ampliación de los mercados económicos y América Latina se tornó de vital importancia. Estados Unidos tratando de reactivar su economía interna promovió el NAFTA para crear la zona de libre comercio de América del Norte. Con ella fortaleció su táctica de liderazgo mundial y la administración de Clinton desarrolló un plan especial para América Latina. Por otra parte algunos de los países latinoamericanos se negaron a la inclusión de las fuerzas armadas en la lucha contra en narcotráfico y a las acciones de debilitar el poder de las fuerzas armadas sudamericanas.

Pareciera evidente que Latinoamérica sigue ocupando un segundo plano en el interés de los Estados Unidos lo mismo que su decisión de intervenir en la región cada vez que considere que sus intereses se ven afectados.

Sin embargo hay nuevas situaciones en la relación de Estados Unidos con la región latinoamericana que ahora aceptan pasivamente los lineamientos políticos y económicos predominantes en el sistema capitalista imperialista. Algunas de estas normas que aceptan los gobiernos latinoamericanos son apertura de las economías y normas represivas ante conflictos económicos y políticos. Al mismo tiempo que se ha incrementado el valor económico de la región para colocar los productos de los países industrializados y recibir capitales de los inversionistas. Además las reservas de agua se convierten en un factor de control estratégico vital para un futuro no lejano.

Son los intereses económicos de Estados Unidos sobre la región para mantener su hegemonía mundial y el control de Latinoamérica desarrolla los intereses de instalar bases militares en la región. Por eso las bases en la región no deben verse fuera del proceso de dominación económica, ya que seguridad y dominación económica son elementos de un proyecto global.

Estados Unidos de Norteamérica está impulsando un ambicioso plan militar en Latinoamérica que lleva a cabo con la instalación de bases militares, el Plan Colombia y que se vincula con los recursos económicos claves para los intereses económicos norteamericanos, el petróleo, el agua y la biodiversidad. Por lo cual la distribución de sus fuerzas militares se dan en función de estos tres recursos.

Según la ubicación de las reservas petroleras son determinantes para el imperialismo en México, Venezuela, Colombia y Argentina. Se estima que la presencia militar se dará disfrazada de ayuda a la lucha contra el narcotráfico o la subversión en el marco del Plan Colombia. Un convenio que acaba de firmar Uruguay con Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico, tiene mucho que ver con lo que aquí se afirma.

De cualquier manera la concentración de reservas acuíferas muestra la importancia del sur del continente el Acuífero Guaraní la zona andina y América Central o sea lo que conforma el Plan Puebla Panamá.

Con la excusa de colaborar en la extinción de células terroristas o bajo una fachada humanista Estados Unidos busca la instalación de una base militar en Paraguay donde está el comienzo del acuífero. La biodiversidad se ha convertido en un factor clave de futuro y el de la Amazonia es el lugar más rico en biodiversidad del mundo siguiéndole toda la zona de América Central regiones inmensas relacionadas con el Plan Colombia y con el Plan Puebla Panamá.

Estos son los intereses que determinan el posicionamiento de las bases militares de los Estados Unidos en América Latina, Ecuador, Honduras, Cuba y la base de Paraguay para controlar el Acuífero Guaraní.

La organización internacional Océana, dedicada a la protección de los mares del mundo, advirtió que una de las principales amenazas que le tocará vivir a América Latina durante este nuevo siglo será la escasez de recursos naturales, especialmente del agua potable.

Su director ejecutivo para América del Sur, Marcel Claude, explicó que aunque ninguna de las demandas sociales que se le hacen al modelo neoliberal, impuesto en Latinoamérica y gran parte del mundo, lograran hacer un cambio estructural "tendremos que enfrentar una transformación profunda, ya no urgido por los movimientos sociales, sino por la escasez de recursos naturales, especialmente de agua potable, que actualmente sufre una voraz explotación en todo el mundo, en especial en América Latina".

Según datos de Océana, esta realidad está a la vuelta de la esquina. Únicamente el 2,5% del agua del planeta es dulce, y menos de la mitad está disponible para ser utilizada. Actualmente más de 1.200 millones de personas, sobre todo en América Latina, África y Asia, sufren la escasez del vital elemento en algún grado. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, dentro de 25 años una de cada tres personas en la Tierra tendrá poca agua o nada. Como consecuencia de esta escasez (desertificación, menos producción de alimentos, aumento de enfermedades infecciosas y destrucción de ecosistemas), comenzarán a surgir conflictos sociales y políticos a distinto nivel. Para el economista Marcel Claude, esta realidad es ya motivo de tensiones internas en Latinoamérica, tal como ocurrió hace pocos años en Bolivia, donde la privatización del agua potable de Cochabamba, alzó a su gente en una revuelta que acabó con varios muertos y con la ciudad en estado de sitio. "Estos mismos problemas internos, se transformarán pronto en conflictos internacionales, cuando se acentúe aún más la diferencia entre países ricos en agua y los que no cuentan con grandes reservas; todo esto enmarcado en un sistema económico que ha sido incapaz de asignar eficientemente este recurso", enfatiza Claude. Para el economista, lo anterior es un reflejo de dos fenómenos crecientes en todo el planeta: la privatización del agua, donde las grandes transnacionales están haciendo sentir su poder económico en muchos pueblos del Tercer Mundo, en un negocio que se sabe es altamente lucrativo. Coca Cola predice que su agua -en algunos países más cara que la gasolina- terminará dando mayores beneficios que sus bebidas gaseosas en muy pocos años. "Para esto basta recordar la polémica suscitada en el Reino Unido hace exactamente un año, cuando esta transnacional reconoció estar envasando agua potable de Londres, para venderla como agua mineral a 3 euros el litro".

El segundo fenómeno sería la cada vez más acelerada militarización, disfrazada de "protección" de las grandes fuentes de agua. Por ejemplo, diversos analistas concuerdan que uno de los objetivos estratégicos de la invasión a Irak fue el control de los dos ríos más importantes del Medio Oriente, territorio donde el agua es tan preciada como el petróleo.

Existen también ejemplos mucho más cercanos: en Argentina, una investigación del Centro de Militares para la Democracia, llegó a una preocupante conclusión: "La cíclica presencia del Comandante del Ejército Sur de Estados Unidos de Norteamérica en la Triple Frontera, las declaraciones del Departamento de Estado y los rumores de que allí habría terroristas tienen un objetivo: el control del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un verdadero océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga".

Con este último dato, Claude da por demostrada la inoperancia del mercado para administrar este recurso, y plantea que sólo queda una cosa por hacer: "convencer a los pueblo del mundo que el agua, más que un bien negociable, es un derecho básico, y que como tal requiere la protección estatal para ser garantizada a la ciudadanía. Si cada Estado es incapaz de asegurar este derecho, tendremos entonces que seguir el valiente ejemplo cochabambino, que logró a fuerza de desobediencia civil, recuperar su derecho fundamental de contar con agua para seguir viviendo".

Mientras tanto el continente americano, con el 14 por ciento de la población mundial, tienen el 41 por ciento de los recursos hídricos (26 en América del Sur y 15 por ciento en el norte y América Central). Sin embargo, un tercio de la población latinoamericana y caribeña no tiene acceso al agua potable.

En el primer Taller Popular en Defensa del Agua, celebrado en abril del 2005 en Ciudad de México, se identificaron las transformaciones que vive la propiedad pública del agua en América:

• Privatización de sus servicios municipales, de las redes de distribución y plantas purificadoras.
• Apropiación de los territorios y biorregiones. Uso monopólico del recurso, protegidas por cambios en las legislaciones.
• Desviación de aguas, construcción de megaproyectos de infraestructura como distritos de riego y represas, proveyendo agua abundante para ganadería y agroindustria, a costa de las necesidades básicas de millones de indígenas y campesinos.
• Monopolio de las tecnologías para extracción y purificación del agua.

De acuerdo con Sodepaz –ONG española-, en la última década los gobiernos de la región, presionados por la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional -FMI- y Banco Mundial -BM-) han privatizando el acceso al servicio de agua, alcantarillado, limpieza, exportación y tecnología relacionados con el agua. De hecho, la privatización del agua y la eliminación de subsidios fue una condición en el 30% de sus acuerdos por país en el 2000 y en el 40% de sus acuerdos en 2001.

El Agua y el ALCA

El frenesí de Estados Unidos en adueñarse de los recursos de agua potable de todo el resto del hemisferio se debe a que a nivel doméstico los acuíferos, ríos y embalses han sido abusados, contaminados y sobreexplotados y están al borde del colapso (8).

El agua es uno de los botines más importantes del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estados Unidos y las corporaciones transnacionales quieren mediante la integración neoliberal del hemisferio no solamente forzar la privatización de los recursos de agua sino también alterar su flujo con megaproyectos que los ecologistas denuncian como demenciales.

Estos megaproyectos de agua están delineados en tres planes de infraestructura: la North American Water and Power Alliance (NAWAPA), el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). NAWAPA pretende desviar los vastos recursos hídricos de Alaska y el oeste de Canadá a Estados Unidos. El PPP por su parte, tiene proyectadas variadas obras de infraestructura a lo largo del istmo mesoamericano, incluyendo la explotación de las abundantes provisiones de agua fresca del Petén guatemalteco y del sur de México. El IIRSA, el más ambicioso de los tres, propone corredores industriales y enormes proyectos hidroeléctricos y de hidrovía por todo el continente suramericano.

El economista mexicano Giancarlo Delgado Ramos, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nos brinda los siguientes datos:

Los acuíferos de California se están secando, el río Colorado está siendo "ordeñado" al máximo y los niveles de agua del valle de San Joaquín en California han descendido, en algunas zonas, más de 10 metros en los últimos 50 años.

La ciudad de Tucson también vive condiciones adversas. Dependiendo totalmente de acuíferos, ha incrementado los niveles y ritmos de extracción a partir del aumento del número de pozos -algunos de ellos pasando de 150 a 450 metros de profundidad.

Proyecciones para Albuquerque, Nuevo México igualmente muestran que de continuar los ritmos de extracción de agua de los acuíferos, los niveles decrecerán 20 metros más para el 2020 y las ciudades principales de la región se "secarían" en 10 a 20 años.

En El Paso, Texas todas las fuentes de agua se pueden agotar para el 2030 y en el noreste de Kansas la escasez de agua es tan severa que ya se discute ponerle un acueducto al ya sobre explotado Río Missouri.

Los ritmos de extracción de agua en el sistema acuífero del sureste de Florida de aproximadamente 6.6 millones de litros por minuto, sobrepasan los de su recarga, poniendo en entredicho la capacidad de Florida y los estados vecinos de obtener ese recurso a largo plazo.

A esto hay que añadir que con la globalización neoliberal se prevé un aumento masivo en actividades que requieren de grandes cantidades de agua fresca, como la manufactura, la agroindustria de monocultivo y el desparramo urbano. Según el Banco Mundial la próxima guerra mundial no será por petróleo sino por agua. Por su parte, la CIA dice que para 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Y la ONU pronostica que en 2025 la demanda del líquido superará el suministro por 56%.

En lugar de repensar su gula de agua y adoptar políticas de sustentabilidad y conservación, los grandes intereses estadounidenses planean apropiarse de los recursos hídricos de Canadá, Centroamérica y Suramérica mediante convenios de "libre" comercio como el ALCA, y megaproyectos de proporciones sin precedente.

Con NAWAPA se planea desviar agua fresca del oeste montañoso de Canadá y Alaska, donde este recurso existe en gran abundancia, mediante acueductos y túneles, y estaciones de bombeo hacia el árido oeste de Estados Unidos. Esta agua se almacenaría en un embalse en las montañas Rocallosas de 308 kilómetros de largo con una capacidad de almacenaje de 3,500 kilómetros cúbicos.

El PPP tiene como elemento clave el establecimiento de corredores industriales- con infraestructura de transportación y comunicaciones- desde México hasta Panamá, y varios canales secos interoceánicos. Su objetivo no es solamente viabilizar el movimiento de mercancía entre el Pacífico y Atlántico sino también aprovechar al máximo la mano de obra y recursos naturales de la región para emplearlos en la agroindustria de exportación, maquiladoras y proyectos turísticos. Todo esto requerirá de considerables cantidades de electricidad y agua fresca, las cuales vendrán de grandes embalses y proyectos hidroeléctricos, especialmente en Guatemala y Chiapas. Parte de esta agua será bombeada al norte para facilitar el crecimiento de maquilas y agroindustrias en el norte de México, donde cae poca lluvia.